Foro de análisis: Zapopan y sus planes parciales. ¿Qué proponen para la ciudad?

Foro de análisis
Zapopan y sus planes parciales. ¿Qué proponen para la ciudad?
Octubre 30, 2017. ESARQ.

El pasado lunes 1 de noviembre diversas organizaciones propusieron un análisis de lo que se vive y lo que se puede venir en Zapopan y por tanto en toda la ZMG en el marco de la consulta de los planes parciales; más de 15 personas expusieron sus preocupaciones (desde el Bosque del Centinela hasta Rancho Contento, desde la Barranca de Huentitán hasta el Bosque del Nixtiquil, desde el Bosque de la Primavera  hasta la colonia Tepeyac), carencias en los planes urbanos actuales, daños que ha sufrido y sigue sufriendo el territorio y preocupaciones legítimas con respecto a los nuevos planes que se están definiendo. Las siguientes son las principales conclusiones.


Conclusiones:

En las propuestas de actualización de los Planes Parciales de Zapopan 2017:

  • No se utiliza la información geográfica y estadística más reciente para sustentar sus proyecciones. Es irregular entre los distintos documentos técnicos el uso de fuentes del censo del 2000, 2010 y la encuesta intercensal del 2015 para datos demográficos, mientras que sólo en algunos documentos se utiliza la información actualizada del DENUE y el IMSS para las estadísticas económicas y de empleo, por ejemplo.
  • Existen diversos casos en donde las fuentes usadas para las proyecciones de disponibilidad de agua son del año 2000. Un ejemplo de ello es el Balance Hídrico para el Distrito de COPALA, que en el documento técnico presenta una situación de equilibrio basándose en datos de población del año 2000, cuando la población del distrito era de 2,182 habitantes, mientras que para el 2015 se calcularon 34,162.
  • No se presenta una evaluación de los planes parciales que se pretenden actualizar. Es necesario conocer los cambios que se dieron entre los Planes Parciales del 2012 y la propuesta de actualización para 2017 respecto a la variación en superficie de áreas de conservación, protección, agrícolas, de transición (rústicas, granjas y huertos) urbanizadas, cuerpos de agua y de reserva urbana, de manera que se pueden atender los procesos reales de expansión, urbanización y afectación de recursos naturales.
  • Se observa que la reducción de alrededor de 3,000 Ha. de Reservas Urbanas anunciada en la presentación de la Consulta Pública, corresponde, en buena medida, a que una importante cantidad de Reservas Urbanas de corto y mediano plazo contempladas en los planes del 2012, ya se han convertido en Áreas Urbanizadas (AU) para la propuesta del 2017.
  • No existe articulación con el proceso de actualización del POEL de Zapopan, que apenas presentará su evaluación. Esta desarticulación entre instrumentos de gestión del territorio es grave, ya que antepone el desarrollo urbano a los criterios de sustentabilidad ambiental, a través, por ejemplo, de la designación de nuevos centros de población como en las zonas del Tepopote y Valle de Copala, en donde se busca dejar sin efecto las directrices que plantea la ordenación ecológica del territorio. No se explica la prisa para poner a consulta los Planes Parciales antes de contar con los insumos que puede ofrecer el trabajo de actualización del POEL. La aprobación de los Planes Parciales luego de la consulta no debe realizarse, bajo ninguna circunstancia, antes de que se haga pública la propuesta de actualización del POEL.
  • La clasificación de áreas adolece de criterios ambientales consistentes, ya que son ambiguas las diferencias entre áreas silvestres, naturales, de protección, de conservación, rústicas, forestales.
  • Existen inconsistencias en la forma de presentar la información y en la nomenclatura utilizada en las diferentes propuestas de actualización por distrito. Es necesario homologar criterios de clasificación y forma de presentar la información para que sea clara, comparable y pueda construirse una visión de conjunto.
  • Existe una preocupante reclasificación de Áreas de Conservación (AC) señaladas en los Planes Parciales vigentes, a Área Rústica (AR) en prácticamente toda el área verde del Distrito 10-COPALA, sin que se justifique o se señalen las implicaciones de dicha modificación.
  • Se sobrepone la urbanización de áreas a las escasas áreas designadas para la protección de acuíferos. En el caso del Bajío de La Primavera el plano de clasificación de áreas del anexo gráfico muestra tres áreas de protección de acuíferos una de ellas impermeabilizada ya por una urbanización, otra más afectada por el paso de una vialidad y la única que se conserva libre de urbanización o infraestructura vial desaparece, junto con las otras dos, en el plano final de zonificación.
  • Existe un número importante de reservas urbanas propuestas en la actualización de los planes parciales en los Distritos 3, 4, 9, 10 y 12 que no son compatibles con los criterios establecidos en los escenarios de crecimiento del POTMET. Si bien estas áreas de reserva ya presentan dicha categoría en los Planes Parciales vigentes, las recomendaciones del POTMET no se están considerando en la propuesta de actualización de los Planes Parciales.
  • Proponen vialidades colectoras que afectarían el área de conservación al sur del Nixticuil, y lo mismo para el caso del Bosque Pedagógico del Agua (COLOMOS III).
  • No se incluyen mecanismos de amortiguamiento para ninguna de las áreas naturales del municipio, con lo que se comprometen los ecosistemas que proveen servicios ambientales al AMG, como el caso del Bosque el Centinela, la Barranca del Río Santiago, Colomos III, La Primavera o el Bosque de San Estaban – Nixticuil – El Diente (BENSEDI).
  • Se sigue promoviendo la urbanización del Valle de Copala (Carretera a Colotlán) con densidades altas y reservas urbanas, que si bien han sido reducidas, se mantiene una cantidad importante de ellas a pesar de que están fuera de los polígonos de contención planteados por SEDATU, y a pesar de que se reporta en el documento técnico puesto a consulta para el Distrito 10 un déficit sostenido en todos los tipos de equipamiento.
  • La clasificación del predio El Taray como Área Rústica de Granjas y Huertos es muy vulnerable a procesos de urbanización ante las autorizaciones que ya han sido expedidas por el Gobierno de Zapopan.
  • Existen reservas urbanas con predios que no contemplan vialidades locales o colectoras hasta en 1 km, por lo que se propone incluir vialidades de esta jerarquía a cada 200 o 300 m. como máximo, para evitar grandes enclaves habitacionales que afectan la conectividad y la cohesión social. Un caso importante se presenta en la zona de Lomas del Centinela en el Distrito de Arroyo Hondo.
  • El tipo de urbanización que se propone con la reclasificación de reservas en Arroyo Hondo – Lomas del Centinela rompe con las dinámicas de barrio y sugiere un modelo de urbanización cerrada como el que se ha visto en el entorno de Santa Ana Tepetitlán, que agudiza las desigualdades y la fragmentación, además de que aumenta la presión sobre el Bosque El Centinela.
  • El modelo de urbanización propuesto por los proyectos de Planes Parciales puestos a consulta, a través de la reclasificación de zonas de comercio y servicios, y de reservas urbanas parece responder más a la lógica comercial y de negocio de las empresas desarrolladoras, que a un modelo de urbanización progresiva con participación ciudadana y rectoría del interés común que incorpora la participación privada, como lo plantea el esquema de producción social del hábitat reconocido en la Nueva Agenda Urbana y la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
  • Se debe contemplar lo establecido en La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual establece 10 principios que deben orientan los Planes Parciales: (i) Derecho a la ciudad, (ii) Equidad e inclusión, (iii) Derecho a la propiedad urbana, (iv) Coherencia y racionalidad, (v) Participación democrática y transparencia, (vi) Productividad y eficiencia, (vii) Protección y progresividad del espacio público, (viii) Resiliencia, seguridad urbana y riesgos (ix) Sustentabilidad ambiental, y (x) Accesibilidad universal y movilidad. Es necesario que la propuesta actualización de Planes Parciales presenten los indicadores que al respecto contemplan en su planteamiento.
  • Se reduce el número de vías destinadas a la movilidad no motorizada y se omiten corredores de transporte masivo.
  • La ambigüedad en los criterios de aplicación de COS y CUS tendría q contrarrestarse con un plano de alturas máximas x zonas.
  • No se contemplan para su consulta herramientas innovadoras, claras y útiles para el análisis de conjunto, que promuevan una mayor participación y comprensión sobre sus alcances e implicaciones.
  • Se debe considerar una etapa de retroalimentación para conocer la propuesta de Planes Parciales que resulta después de la consulta pública, antes de que se someta a aprobación del cabildo.
  • Vecinas de la Tepeyac, Seattle, Capullo y Maestros denuncian proyecto de centralización de servicios cuando Zapopan se sigue expandiendo. Demandan conocer proyecto arquitectónico del Parque Zapopan Central, el cual, argumentan, no es un parque. Denuncian que lo que aparece como área verde en la propuesta del Plan Parcial del Distrito 1 Centro, se trata de espacios no accesibles libremente para el público al tratarse de equipamientos deportivos para uso privado (Estadio de Atletismo actualmente concesionado al equipo de Beisbol Charros de Jalisco).
  • Se hace inviable, por los parámetros de edificación que establecen, la construcción de vivienda social intraurbana, al condicionarla a una localización menor de 200 mts de líneas de transporte masivo (tren ligero) en donde existe un alto valor del suelo con el que rebasa significativamente el valor tope definido por CONAVI para ser sujeto de subsidios.
  • Se propone que los polígonos planteados como Áreas Rusticas Agropecuarias y Forestales (AR-AGR/AG/FOR) se consideren como Áreas de Conservación Ecológica por ser áreas que prestan servicios ambientales e hidrológicos y requieren un mayor nivel de protección para garantizar su preservación, debiendo quedar como AC/AR-AGR/AG/FOR. Un caso de particular interés es el Valle de Tesistán ya que cumple una importante función de infiltración, sin embargo en la propuesta de zonificación no se señalan en toda el área polígonos de Protección de Acuíferos (PA).
  • Considerando sus características naturales y con el objeto de cuidar de su conservación, se debe establecer la totalidad del polígono del Bosque el Centinela como Área de Prevención Ecológica, Actividades Silvestres, con la clave AP-GTD-AS, para que posteriormente sean promovidas por el Ayuntamiento como Áreas Naturales Protegidas.
  • En el tema de la protección de cauces de agua, deben especificarse, delimitarse y no permitirse la construcción sobre ellos.

 

  • De las siguientes conclusiones se presentarán, por los medios y en los tiempos definidos en el procedimiento de consulta pública, las boletas correspondientes para que sean consideradas en el proceso.

Una vez que termine el proceso de revisión de observaciones recibidas de la Consulta Pública, solicitamos que se hagan públicos los proyectos de actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano antes de que se sometan a discusión y en su caso aprobación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y el pleno del Ayuntamiento, con la finalidad de revisar si las propuestas y observaciones ciudadanas han sido incluidas o debidamente aclaradas.

Finalmente, de conformidad con el marco legal, exigimos que no se presenten los proyectos finales de actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano ni el pleno del Ayuntamiento, antes de que se haga pública la propuesta de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y sea considerada su evaluación y propuesta en los proyectos de actualización.

Participaron como ponentes en el evento:

Lilliane Ponce — ESARQ

Daniel Íñiguez — Wikipolitica

Paola Payró — Ensamble

Alfredo Hidalgo — Cita

Juan Pablo Chavez — Techo
Hector Castañón: Consultor del convenio ONU-Habitat
Miguel Ángel Rodríguez — IMEPLAN
William Gómez — Abogado en Derecho Urbano
Emanuel Arriero — Salvemos al Bosque de la Primavera y El Palomar

Harold Dutton — Nixtiquil

Julia María Ascencio — Colonia El Tepeyac

Enrique Valdés — Los Guayabos

Rossana Valdivia — Lomas del Centinela

Héctor Peraza — Rancho Contento

¿La empresa privada también rinde cuentas a la ciudadanía?

 

La Responsabilidad Social Empresarial promueve a la empresa no sólo como un actor económico sino como actor social crucial

Colaboración de: Arturo Gómez Ibarra, del 8 de octubre de 2014.

 

 

El mito de la empresa privada está comenzando a cuestionarse. Aunque los propósitos de las empresas puedan ser privados, lo cierto es que éstas utilizan recursos públicos: sus productos son públicos, los impactos que éstos generan, así como los procesos para producirlos.

Este cuestionamiento ético ha surgido gracias a las nuevas políticas de sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que como un filón, promueven a la empresa no sólo como un actor económico sino como un actor social.

Aunque en la empresa predominen las estructuras jerárquicas y las asimetrías de poder, también es verdad que se dan espacios de diálogo en igualdad de condiciones con el objetivo de construir confianza. Sin ella, las operaciones de la empresa no serían posibles ya que los contratos con clientes, proveedores y grupos de interés dependen de la confianza. Estos espacios de relaciones  horizontales le otorgan a la empresa su pertenencia a la sociedad civil.

 

¿Qué lugar ocupa la RSE en el contexto social e institucional?

Para responder esta pregunta es necesario considerar la totalidad de las responsabilidades de las empresas, bien sean obligatorias o voluntarias. En el caso de las responsabilidades obligatorias, su cumplimiento y sanción están en manos del estado, organismos internacionales y gremios que regulan la operación de las empresas respectivas. Algunas de ellas, como respetar el derecho de asociación, hacen parte de los derechos fundamentales universalmente aceptados en las democracias liberales, que constituyen el núcleo de la ciudadanía. Otras responsabilidades son obligatorias sin ser parte de dicho núcleo. Y otras más son voluntarias. Estas son las que la empresa puede asumirlas como parte de sus estrategias de RSE.

En su conjunto, estas responsabilidades configuran un marco de garantías para los ciudadanos, en su condición de tales y de consumidores, trabajadores, accionistas, proveedores y, en general, grupos de interés.

El ámbito cubierto por el concepto de RSE en países con un estado de bienestar liberal como Estados Unidos, donde las garantías sociales y laborales, así como los mecanismos de protección social establecidos en la ley, son limitados y selectivos: es distinto al de países con un estado de bienestar socialdemócrata, como Suecia, donde dichas garantías y mecanismos son amplios y universales.

En el primer caso, las empresas pueden otorgar voluntariamente ciertos beneficios sociales o laborales a sus empleados y anunciarlos como parte de su RSE; en el segundo, las empresas están obligadas a tales prácticas por ley y no tendría sentido que las anunciaran al público como parte de su estrategia de RSE. México se encuentra entre estos dos modelos y con una tendencia neoliberal en las últimas décadas a privilegiar la no intervención del estado y la autonomía del mercado.

Si como ciudadanía entendemos sólo aquellos derechos o garantías protegidos por el ordenamiento jurídico del respectivo país y, como tales, legalmente exigibles al estado, las que surjan de las políticas de RSE aplicadas voluntariamente por las empresas están, por definición, por fuera de dicho núcleo de derechos. Desde una perspectiva formalista y estatista, la efectividad de los derechos depende de que sean jurídicamente reconocidos y protegidos, y es al estado al que se le demanda su cumplimiento, incluso cuando son terceros quienes los ignoran o vulneran. Sin embargo, el catálogo de obligaciones que adquieren las empresas cuando suscriben alguno de los pactos o guías de RSE no sólo es amplio sino que tiene un enorme potencial transformador de las prácticas de las empresas y de la calidad de vida de sus trabajadores, consumidores y grupos de interés. En esa medida, la RSE tiene potencial para ampliar el rango de garantías que los ciudadanos pueden exigir ya no solo frente al estado sino también frente a las empresas y en general a las distintas organizaciones que influyen de un modo u otro en sus condiciones de vida.

Las políticas de RSE en su relación con los grupos de interés, privilegia el diálogo y la satisfacción de los intereses y expectativas de todos los involucrados, sean estos empleados, clientes, consumidores, proveedores, accionistas, sociedad civil, etc. De esta forma, la empresa asume compromisos en la rendición de cuentas con todos los públicos. Para la rendición de cuentas se cuenta con el Global Reporting Initiative (GRI) que es la organización internacional con mayor aceptación internacional. Surge en 1997 pero es hasta el 2000 cuando por primera vez 50 empresas de todo el mundo la utilizan para elaborar sus reportes de sustentabilidad o también llamado reporte social. El GRI-G4 (disponible en https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx) dicta los estándares de rendición de cuentas en las tres dimensiones económicas, sociales y ambientales integradas a los estados financieros.

¿La empresa privada también rinde cuentas a la ciudadanía?

En México, como a nivel global, no sólo crece el número de empresas que practican la RSE, también el rango de principios y responsabilidades incluidos. Así por ejemplo, el primero de noviembre de 2010 se lanzó oficialmente la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, luego de cinco años de trabajo, en la que participaron representantes del mundo empresarial, organizaciones laborales, de los consumidores, y por supuesto, de los gobiernos, convocando a un total de 99 países de la Organización Internacional para la Estandarización. Esta norma es la más aceptada internacionalmente: comprende una amplia y ambiciosa agenda de políticas y acciones en los campos de gobierno corporativo, participación comunitaria, derechos humanos, prácticas laborales, ambiente, prácticas justas y protección de los consumidores.

¿La empresa privada también rinde cuentas a la ciudadanía?

Actualmente en México existen aproximadamente 50 empresas que comunican su RSE a través de reportes sociales cumpliendo los estándares del GRI. Otras tantas con metodologías propias y rudimentarias. Si bien la rendición de cuentas es insignificante, el avance de éste y su profesionalización sólo se darán mediante la participación de los intereses de todos los grupos involucrados en la empresa. Sin la exigencia por la transparencia de parte de todos estos grupos involucrados, el desempeño social, económico y ambiental de la empresa, y todos los compromisos voluntarios que ella establezca, se limitaran a lo que convengan a su propio interés.

En el diálogo bajo el tema de Movilidad convocado por ¡Tómala! en Guadalajara (6 de octubre de 2014), se invitó a más de treinta empresas de la ciudad o que operan en la ciudad y que ostentan el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicanos para la Filantropía (CEMEFI), así como otros sellos y certificaciones del gobierno federal en materia de medio ambiente, inclusión y equilibrio entre vida laboral y familiar. Sólo respondieron a la invitación catorce de ellas y confirmaron su participación otras cinco, aunque finalmente asistieron  tres. El próximo diálogo sobre rendición de cuentas se llevó a cabo el 24 de noviembre y fue una oportunidad para poner sobre la mesa el tema de la rendición de cuentas de la empresa en general, y particularmente, de aquellas con mayor poder que los gobiernos locales e impacto en la vida de los ciudadanos.

Es una asignatura pendiente para la sociedad civil mexicana comenzar a interactuar con sus empresas utilizando todas las herramientas y medios de comunicación a su alcance para invitarlas al diálogo, exigirles practicas responsables y/o denunciar sus desempeños irresponsables, como ya sucede en otros países incluyendo algunos latinoamericanos.

En síntesis: en un país como México, con un estado débil y secuestrado por el interés de las grandes empresas trasnacionales, la RSE debe formar parte de las herramientas que la sociedad civil debe tener a la mano para ejercer la gobernanza.

Mezcala, una buena

Milenio.com
Por: Miguel Bazdresch Parada.

Mezcala es el nombre de una de las dos islas en medio del Lago de Chapala.

Desde antes ahí estuvo un asentamiento humano primigenio, previo a la invasión de los españoles en el siglo XVI. Una comunidad indígena resistente a dejar su tierra y a desaparecer como pueblo por derecho propio. En un momento dado tomaron el nombre de comunidad indígena Mezcala. Han vivido y construido una historia de resistencia al sometimiento y la agresión. Una lucha larga desde y por la dignidad.

La República les concedió en diferentes momentos el reconocimiento como una comunidad con derechos sobre un segmento de sus tierras ancestrales y ahí han vivido y luchado por sostener modo de vida, propiedad e identidad. El tiempo y el liberalismo han incrementado el valor económico de sus tierras dada su ubicación en la ribera de Chapala. Por eso a la par de ofertas de compra ridículas han sufrido invasiones de sus tierras, vieja trampa de aprovechados que luego de invadir por la fuerza, intentan mil trucos para lograr una decisión judicial de adjudicación, casi siempre en complicidad con autoridades y aun algunos comuneros encandilados por promesas de lucro personal.

Hace sólo unos días Mezcala logró un gran triunfo jurídico, pues la justicia les reconoció la propiedad sobre un valioso predio invadido hace años, y les da la razón en su demanda de devolución por parte de quien, ahora se sabe jurídicamente, es un posesionario ilegal de esos terrenos. Una lucha nada fácil pues como toda disputa agraria en este país es larga, llena de laberintos legales, trámites, asambleas, escritos y audiencias; no se diga de conflictos, argucias, dilaciones y fricciones entre las partes, a veces graves y ciertamente enojosos. El reconocimiento por un tribunal agrario del distrito agrario correspondiente al territorio reclamado establece con claridad y sencillez que la tierra invadida es propia de los comuneros y se condena al posesionario a devolverla en plazo perentorio. No es fácil conocer de buenas noticias como ésta. De ahí la importancia de difundirla y defenderla con la guardia en alto, puesto que aun puede revertirse.

También es buena noticia para diversos acompañantes de los comuneros, personas y miembros de la sociedad civil organizada quienes han coadyuvado en la defensa práctica y jurídica de tierras, historia e identidad de Mezcala. Enhorabuena.

La violencia de las industrias extractivas

Compartimos esta noticia de comunitariapress (Guatemala) sobre las formas en que ejércitos y empresas extractivas se integran para defender derechos privados sobre los comunes.

 

Santiago Bastos /Prensa Comunitaria

¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

El día sábado 20 de septiembre, después de dos días de plantones pacíficos en más de 50 puntos del país el 17 y 18 – que apenas habían sido mencionados en los medios masivos de comunicación-, las redes sociales,  diarios nacionales y cadenas radiales empezaron a dar noticias sobre unos muertos en el municipio de San Juan Sacatepéquez. En medio de datos confusos, el número iba aumentando conforme pasaba el tiempo: empezaron hablando de dos comunitarios fallecidos por arma de fuego y el recuento terminó con ocho decesos ocurridos en la aldea Los Pajoques, en el área occidental de San Juan Sacatepéquez colindante con el municipio de Santo Domingo Xenacoj del departamento de Chimaltenango.

Uno de los discursos dominantes usados para desviar las acciones empresariales de imposición y violencia, es el de que son conflictos entre las personas de las comunidades. En este caso las noticias hablaban de un enfrentamiento entre opositores y partidarios a la instalación de la planta cementera por parte de Cementos Progreso. A partir de ahí, algunas hablan de un pleito de cantina, otras de una expulsión planificada, pero el caso es que se destaca que la mayoría de los muertos y la casa incendiada en que murieron, eran gente que sí apoyaba la presencia de Cementos Progreso en el municipio. Con ello, la oposición a esta empresa quedaba automáticamente asociada al asesinato de estas gentes.

Sin embargo, existen razones y antecedentes que nos hacen pensar que no estamos ante una explosión de violencia comunitaria del tipo de linchamiento –como se deja entrever en estas noticias-, sino ante un acto totalmente esperable e incluso provocado por una forma de intervenir en la vida de las comunidades que promueve la división y el enfrentamiento entre vecinos. Y que, además, detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer.

Viernes 19 de septiembre: la secuencia de las muertes

Por lo que cuentan las autoridades comunitarias representadas por los Alcaldes Auxiliares de Los Pajoques, a eso de las 21:45 horas del 19 de septiembre, un grupo armado de unas 20 personas identificadas por la comunidad como trabajadores y promotores de Cementos Progreso empezaron a disparar al aire. Cuando cinco personas delegadas por las autoridades de la comunidad se acercaron a ver qué pasaba, comenzaron a disparar contra ellos. Tres fueron heridos y uno murió en el acto, Juan José Pajoc Chajaj.[1]

Ante los disparos, la gente de la comunidad reaccionó: fueron agrupándose en auxilio de los jóvenes heridos y  luego intentaron detener a los agresores, quienes se escondieron en la vivienda de uno de ellos. Varios huyeron, pero otros no pudieron por los vecinos que llegaron hasta la casa. Mientras, las autoridades comunitarias auxiliaban a los heridos y otros iban a buscar a la policía para que intervinieran inmediatamente, deteniendo a los culpables de la muerte y lesiones; y para evitar males mayores. Los trabajadores de la cementera que se habían atrincherado empezaron hacer fuego desde la vivienda, enardeciendo los ánimos de los que estaban fuera. Fueron heridos más comunitarios y otro joven fue muerto por las balas que provenían desde adentro de la casa. Las autoridades comunitarias intentaron de nuevo que se hiciera presente la fuerza pública, y trataron de contener a los vecinos, cada vez más furiosos por la impunidad con la actuaban los rodeados.

Como plantea el comunicado emitido por las 12 Comunidades, a lo largo de todos estos hechos la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepequez se negó repetidamente a acudir al lugar.[2] Pasaron las horas y la PNC se siguió negando a llegar hasta la comunidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades comunitarias, la situación que prevenían las autoridades comunitarias y por las que hicieron llamados de auxilio ocurrió, y ocurrieron hechos que no quedan claros en donde murieron cinco personas más, entre ellas aparentemente varios del grupo armado responsable del asesinato de los dos comunitarios.

Este breve resumen de tres párrafos no hace justicia ninguna a las horas de zozobra y angustia que se vivieron el viernes en Los Pajoques, en las que varias familias acabaron perdiendo a alguno de sus miembros. Pero sí quiere evidenciar el uso de las fuentes directas, -quienes estuvieron allá-, a la hora de redactar algunos de los hechos que no quedan claros, y con ello mostrar que las cosas no fueron sencillas ni ocurrieron de repente, como parece ser cada vez que en la prensa aparece un acto de violencia en una comunidad que tiene problemas con alguna empresa.

La muerte y la cementera en San Juan Sacatepéquez

Desafortunadamente, éste no es un hecho nuevo en las comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez. Cuando en el año 2005 Cementos Progreso empezó a planificar y ejecutar la instalación de una planta cementera en la finca San Gabriel en las Trojes, se acabó la paz para las comunidades que la rodean. En forma mayoritaria empezaron a cuestionar  unos trabajos de los que no les habían avisado y que suponían la destrucción de los cerros, los principales nacimientos de agua y los cultivos de los que vivían y en los que vivían.

Muchas cosas han ocurrido en estos casi 10 años que acá no se pueden relatar. La movilización de las 12 Comunidades Kaqchikeles en forma legal y pacífica fue respondida desde el Estado de Guatemala usando todos los medios de la represión y la criminalización: detención de líderes de forma ilegal y poco clara, invasión policial y cargas contra vecinos, asalto a viviendas; un Estado de excepción en 2011 por 15 días que estuvo acompañado de violencia sexual contra las mujeres y, impunidad, arbitrariedad y prepotencia. Más tarde se dio la instalación de una Brigada Militar en un territorio que no tiene problemas de narcotráfico ni crimen organizado. Acusaciones infundadas y reportajes difamatorios. Y hasta este momento, más de 80 personas han enfrentado procesos judiciales, de los que cinco están injustamente en la cárcel uno de ellos condenado a 150 años de prisión, por el solo delito de oponerse pacíficamente a la empresa Cementos Progreso.[3]

Es decir, hablamos de una persecución llevada cabo con una saña que sólo se explica por la importancia de los intereses –intereses económicos e intereses políticos, que van de la mano-; que  aumentó, como en todo el país, con la llegada de Otto Pérez a la presidencia de la República.[4] Y se hizo más fuerte desde el año pasado, cuando comenzó la apertura del llamado “Anillo Regional”, cuya única parte planificada es la que permite la comunicación de la planta cementera con las carreteras del Occidente y al Atlántico.[5] Esta nueva obra supuso otra ola de intimidaciones, presiones y represión que se centró más en las comunidades cercanas al proyecto, como la de Los Pajoques y luego Ocaña.[6]

Esta política no se ha dado sólo en San Juan Sacatepéquez, forma parte de la forma en que en toda América Latina se está implantando un modelo de desarrollo asociado a esta fase del capitalismo global que el geógrafo norteamericano David Harvey ha denominado con el término, ahora común de “acumulación por desposesión”; y que en nuestro continente, tiene su máxima expresión en las llamadas “actividades extractivas”.[7]

En la Guatemala posterior a la finalización del conflicto armado, las actividades extractivas se han convertido en la fórmula oficial para “llegar al desarrollo”, y la oposición encontrada en cada vez mayor número de comunidades, ha sido respondida con formas represivas como las que hemos descrito para San Juan. La intimidación, el terror, la muerte, el uso de las fuerzas de orden público y del Ejército, que fueron las formas represivas durante el conflicto armado,[8] han vuelto a ser utilizadas combinadas con estrategias actuales de criminalización -por la vía jurídica y la prensa sobre todo- para tratar el disenso político como un problema de seguridad nacional. [9]

De esta manera, nombres de lugares como el Polochic, Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, Los Cimientos, Cotzal, Cunén, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Camotán, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Livingston, San Josè del Golfo, San Pedro Ayampuc y La Puya, Semochoc, Chisec, Monte Olivo y tantos otros, están asociados a esas apariciones en prensa de momentos de “disturbios”, muertes que tienen detrás toda un historia de oposición y movilización, de represión abierta y resistencia callada. San Juan es un más, pero uno que le ha tocado sufrir muy duramente la firmeza de su postura pacífica y digna.

 La división comunitaria como estrategia perversa

Dentro de estas tácticas de desmovilización y represión que usan las empresas en todas partes, apoyadas por los poderes del Estado, lo que ha ocurrido en Los Pajoques tiene que ver con una de ellas muy específica, que es  la de intervenir en la vida comunitaria para obtener apoyos y debilitar la oposición. Estos hechos tienen efectos tan nocivos, que la mayoría de las comunidades que se oponen a la presencia de empresas extractivas, siempre mencionan “la división de la comunidad” como una de las primeras razones para que estas abandonen el lugar.[10]

Una forma de esta intervención está en lo que el antropólogo mexicano Claudio Garibay ha llamado la “captura comunitaria”, que consiste en logar que las autoridades de las comunidades actúen en favor de los intereses de la empresa.[11] En San Juan eso quedó muy claro desde que el Alcalde se negó apoyar la consulta comunitaria en 2006; y más concretamente cuando en el Estado de Prevención de 2008 impuso en la aldea Las Trojes un COCODE formado por trabajadores de la Cementera, que se mantuvo ilegalmente durante cinco años (por ley deben cambiar cada dos años) a base de no convocar a la asamblea comunitaria.[12]

Pero esta intervención tiene una parte más efectiva que es la búsqueda de apoyo entre parte de la población a la que habitualmente se da trabajo y se beneficia económicamente, para que se oponga a los opositores. Con ello se consigue romper con la solidaridad comunitaria, y que los problemas provocados por la presencia de un agente externo se conviertan en conflictos  internos. En todas las comunidades movilizadas de San Juan (y en muchos otros lugares), la empresa ha contratado gente, y eso podría no ser problema si no se usara para provocar enfrentamientos internos, como cuando en La Trojes el antiguo COCODE solicitó la apertura de un pozo que según la población no era necesario, y lo empezaron a hacer trabajadores con playeras de la cementera en una actitud provocativa.[13]

Pero se puede ir más allá, y hacer de esta división comunitaria un motivo de enfrentamiento interno que llegue a la muerte, como acabamos de ver en Los Pajoques, a través de grupos armados promovidos por las empresas y permitidos por los poderes públicos. En San Juan saben de esto, pues ya desde el año 2007 se denunció la existencia de grupos paramilitares como “El Escuadron”, que amedrentaban a la población y provocaron la muerte de 18 personas entre 2007 y 2008 en el municipio. También Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita el hombre que mató a los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas  de la comunidad Monte Olivo en Alta Verapaz, era de la comunidad vecina; y quienes amenazan a los que resisten en La Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala, también son vecinos de la localidad.[14]

De nuevo no estamos ante algo esporádico ni “espontáneo”, sino que tiene una historia y un propósito. Existen indicios para pensar en una estrategia planificada y ejecutada, que tiene su antecedente más directo en las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, como forma de lograr que el genocidio y la contrainsurgencia fuera “un asunto entre indios”[15]. De la misma manera, en todo lo que ha pasado en Los Pajoques la empresa Cementos Progreso no aparece más que como una referencia indirecta, como si su presencia en la comunidad no tuviera nada que ver con la existencia de  un grupo de vecinos que se comporta como paramilitares,; ni con el hecho de que lleven más de cinco años actuando con total impunidad.

Así, los hechos de este fin de semana en esta comunidad kaqchikel nos muestran una de las caras más deshumanizadas y perversa de las estrategias del capital y el “desarrollo”, la de la muerte entre hermanos como forma de lograr aumentar los beneficios de las empresas.

 

La violencia de las industrias extractivas

 

 

Siguiendo el guión de la muerte y el terror: Estado de prevención

Pero no queda ahí la cosa. De nuevo, los antecedentes y los hechos ocurridos en Los Pajoques desde el día 19 de septiembre nos hacen pensar que no estamos ante un hecho aislado ni espontáneo. La rápida declaratoria del Estado de Prevención, con la consiguiente lista de órdenes de captura, se parece demasiado a lo ocurrido en Barillas en mayo del 2012, o en el mismo San Juan en 2008. En todos ellos, un episodio de muerte fue seguido de la suspensión de garantías constitucionales y la persecución de los líderes y lideresas de la movilización local.[16]

La repetición casi exacta del guión nos hace pensar si estamos ante una estrategia planificada, precisamente para llegar a este punto ¿No será la muerte de ocho sanjuaneros nada más que parte de un guión de muerte y represión que busca anular la oposición por encima de cualquier precio?

El día 20 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció la llegada de 600 policías y que “han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”.[17] Así, las fuerzas de orden público que fueron solicitadas repetidamente y nunca llegaron cuando podrían haber salvado vidas humanas, son enviadas ahora de forma masiva para “cumplir con 36 órdenes de captura”.[18]Como dice el comunicado de la Convergencia de Derechos Humanos: “la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito”[19]

Y así fue. Desgraciadamente, ya conocemos el guión y la historia se repitió: la declaración del Estado de Excepción, la llegada  -una verdadera invasión- de las fueras policiales y militares a las aldeas de Cruz Ayapán, Pajoques, Pilar I y II, Santa Fe Ocaña y los Guamuches;[20] los primeros anuncios de detenciones de más líderes o lideresas que  ingresan a prisión [21] sin mayor delito que oponerse al paso de politicas que atentan contra su vida; la impunidad y arbitrariedades, de violencia sin sentido. Y dentro de todo ello, los ocho muertos, y los paramilitares que provocaron los hechos, quedarán en el olvido. Y sabremos muy poco del miedo, la zozobra, la violencia y la impunidad que se instalarán una vez más, de forma legal en una comunidad guatemalteca.

Todo esto evidencia lo que tantas veces repetimos, casi de forma cansina: el papel del Estado guatemalteco respaldando las acciones de impunidad que generan las empresas para garantizar sus intereses económicos en territorios de pueblos indígenas. Funcionarios estatales bloquearon cualquier posibilidad de encontrar una salida a las demandas que las 12 comunidades durante años y de manera insistente han demandado al Estado. El Sistema Nacional de Dialogo Permanente que coloca a las comunidades en un infructuoso dialogo, las fuerzas de seguridad que se negaron a auxiliar a la población de Los Pajoques y detener a los asesinos de los comunitarios. Y finalmente, la única solución que son capaces de encontrar es regresar a las lógicas militares que provocaron tantas muertes en nuestro país.

Los voceros de la muerte, zopilotes de papel

 

Y en todo este desarrollo, no puede dejar de mencionarse el triste papel desempeñado por los medios corporativos de comunicación y quienes trabajan para ellos.  Les sugiero que si pueden, de un repaso a los titulares de esos días.

Los hechos fueron narrados como si hubieran empezado en un pleito de cantina,[22] una forma de banalizar y hacer que desapareciera toda la historia previa de tensión y amedrentamiento, de nuevo poniéndolo a nivel de disputas locales y, además dejando ver un halo de salvajismo y barbarie entre los kaqchikeles de San Juan.

Pero el grado máximo de perversidad, que ralló en el delito de calumnia, fueron las declaraciones del Viceministro de Gobernación que acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[23] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos de estos casos: “Querían explulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”. [24]Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad.

Siguiendo los intereses de los propietarios, sus socios y familiares, los reporteros una vez más se han dedicado a tergiversar los hechos para hacerlos aparecer según lo marcaba el guión de la Cementera y del Ministro del Interior. De forma absolutamente acrítica, por encima de las nociones básicas del oficio de periodista, la mayoría de los reporteros hacen propia esta versión, criminalizando la movilización pacífica y a sus principales representantes en las 12 Comunidades de San Juan Sacatepequez, sin que sepamos nada –literalmente nada- de esas personas armadas que con sus disparos que provocaron todo; y muy poco de los antecedentes de la violencia en la comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales hacen eco de esta misma estrategia.[25]

¿Qué hacemos con tantos muertos?

Al terminar de escribir esta crónica que de forma poco imaginativa pero realista podría haber titulado “Crónica de un muerte anunciada”, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en estos días, en la detención de Norma Sancir, en los muertos en Secomoch, en la detención de los líderes de CODECA, en la prisión injusta y la caricatura de juicio de Rogelio Velásquez y Saul Méndez de Barillas; y en todos los muertos que nos van acompañando estos años.

Y no puedo dejar de pensar que la segunda mitad de siglo pasado en estuvo marcada por el enfrentamiento y la muerte, lo que llevó a esta sociedad al borde del caos. Y costó un enorme esfuerzo buscar superar esas formas de hacer política y entender la acción social. Hoy, casi 20 años después, la muerte vuelve a ser parte de nuestra cotidianeidad. [26] No sólo en esa forma diversa, dispersa y continua a la que nos ha llevada la deriva de esta sociedad fragmentada, precaria y sin que no da posibilidades de futuro. Dentro de ello, el Estado -los gobiernos, la policía, los jueces y fiscales, el Ministerio Público, y todo ese aparato que debería dedicarse a proteger la vida y el bienestar de los guatemaltecos-, son responsables directos e indirectos de una buena parte de esas muertes. Las comunidades que creyeron la promesa de la democracia y la paz, ven que sus demandas por una vida mejor y con dignidad, les convierten en objetivos de la muerte.

Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras del experimentado y lúcido fotorreportero Carlos Sebastián ante los cadáveres de Lo Pajoques: “Cuántas muertes más por la conflictividad”?[27] ¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

¿Para qué escribir ante estos hechos? La desolación se une a la rabia –ésa ya está anclada, inserta hasta los huesos- cuando uno piensa  en la cantidad de textos como éste que se han escrito en los últimos años –columnas de opinión, manifiestos, comunicados, carta abiertas-, y cómo la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, nosotros, somos capaces de seguir permitiendo que los cadáveres se acumulen en nuestras conciencias  y en la historia de este país.  [28]

Notas
[1] Ésta es la primera noticia que llegó por fb y alertó a los círculos sociales. Ver COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,0 enhttp://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/
[2] COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/
[3] Todo esto y mucho más de la lucha de San Juan Sacatepéquez Respecta a la lucha de San Juan ver la tesis de Mario Celada,) Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y su lucha contra la cementera, 2006-2010. Tesis de licenciatura. Guatemala, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. (2011), el libro Reivindicación política – doce comunidades Maya kaqchikeles en defensa del territorio. Guatemala, Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos, (2012) y el primer capítulo 2 de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014.
[4] http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/
[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/25/anillo-regional-aumenta-la-conflictividad-
en-san-juan-sacatepequez/; http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/
[6] Mariano Camey Car, de la Comunidad Santa Fe Ocaña, fue detenido hoy 6 de julio de 2013 a las 2 de la mañana, en el mercado de La Terminal, Zona 4, [6]https://comunitariapress.wordpress.com/2013/07/07
/comunicado-de-las-doce-comunidades-kaqchikeles-ante-la-detencion-de-lideres-y-autoridades-comunitarias/
[7] Al respecto ver  “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, Harvey, David, en Panitch, Leo y Layes Colin (Eds.), Socialista Register 2004. Buenos Aires, CLACSO. (2004) y “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación pro despojo, desafíos de Nuestra América”, José Seoane, Theomani, num 26, segundo semestre 2012.
[8] Ver Figueroa Ibarra, (XXX) el informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala, Informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. (1999)
[9] Ver Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol yRoxana Longo. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.
[10] Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014
[11] Ver  “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual” Garibay, Claudio, en Delgado-Ramos, Gian (Coord.), Ecología Política de la minería en América Latina, México,Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM. (2010)
[12] Ver Bastos y de León. Op cit . El año pasado lograron pro fin relizar una asamblea en que se eligió un COCODE abiertamente opuesto a la empresa.
[13] Ibid y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/
[14] Hay mas casos de agresión pública. En Las Trojes, vecinos que trajaban en la Cementera agredieron a un concejal y otros autoridades en diciembre de 2013 y al lider del CUC  y acompañantes internacionales el 23 de enero 2014 https://comunitariapress.wordpress.com/2013/12/22/san-juan-sacatepequez-con-machetes-y-
palos-pretendian-impedir-asamblea/ y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/
[15] Ver CEH, op cit.
[16] Ver Bastos y de León, op cit
[17] “OCHO FALLECIDOS Conflicto en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, dejó ocho muertos y varios heridos, informó el ministro de Gobernación esta noche. A la aldea han llegado 600 policías, informó el ministro del Interior. López Bonilla señaló que han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”. La Hora / 20 de septiembrehttps://www.facebook.com/lahoraguatemala?fref=ts
[18] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques
[19] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/20/comunicado-detener-la-provocacion-y-el-terror/
[20] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/23/san-juan-sacatepequez-el-estado-de-prevencion-lo-que-viene-hacer-es-sembrar-terror-y-miedo/
[21] http://lahora.gt/actualizacion-efectuan-capturas-en-san-juan-sacatepequez/
[22]  http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/estado_de_prevencion-san_juan_sacatepequez-masacre-pajoques_0_1216678349.html
[23] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques,https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flahora.gt%2Fsan-juan-sacatepequez-conflicto-con-saldo-mortal%2F
[24] http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2014%2F09%2F21&
pageno=1&view=document
[25] Esto ha sido repetidamente denunciado: http://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/25/san-juan-sacatepequez-el-uso-de-la-difamacion-y-la-mentira-para-criminalizar-las-luchas/
[26] Verr la reflexión de Miguel Angel Sandovalhttp://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/24/atencion-ruta-peligrosa/
[27] http://nomada.gt/cuantas-muertes-mas-por-la-conflictividad-aca-las-ultimas-6-vidas/
http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/28/muerte-en-los-pajoques-cronica-desolada-de-la-barbarie-en-la-que-vivimos/
VER ESTE TEXTO TAMBIÉN EN: 
http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/09/28/guatemala-cronica-desolada-de-la-barbarie-en-la-que-vivimos/
http://www.plazapublica.com.gt/content/muerte-en-los-pajoques-cronica-desolada-de-la-barbarie-en-la-que-vivimos
https://www.oximity.com/article/Guatemala-Cr%C3%B3nica-desolada-de-la-1

Mezcala, un triunfo legal en medio del acoso de las inmobiliarias

 

Desinformémonos

 

 

Los comuneros apostaron por un juicio que, 12 años después, les da la razÓN:

El poderoso empresario Guillermo Moreno debe devolver las diez hectáreas que robó a los cocas.

 

 

Foto de portada: Héctor Jesús Hernández

México, DF. Con alegría, Mezcala recibió el 25 de septiembre la noticia de que le deben ser restituidas diez hectáreas usurpadas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, tras un juicio por el que apostaron los indígenas más mayores con el objetivo de conservar las tierras comunales para futuras generaciones, señala la comunera coca Rocío Moreno. “Es un gran paso para nosotros”, sobre todo porque la comunidad está acosada por proyectos inmobiliarios que codician su territorio, asevera.

La sentencia señala que en un plazo de 15 días, Guillermo Moreno y Crescenciano Santana Sánchez, a quien los comuneros señalan como prestanombres, deben restituir el predio invadido, pues de lo contrario serán desalojados por la fuerza. Rocío Moreno, historiadora, señala que quienes cometieron el despojo aún pueden interponer un recurso de inconformidad, a resolverse en tribunales federales en el transcurso de tres a seis meses, y alerta que están armados, pero las autoridades no hacen nada.

Los comuneros no se fían de que los invasores vayan a respetar la sentencia. “Nosotros queremos evitar un conflicto entre la gente de la comunidad y estas personas”, puntualiza.

El juicio por restitución de tierras comunales ante el Tribunal Agrario inició en 1999; desde entonces, varios de los comuneros que iniciaron el recurso ya fallecieron. Mezcala, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), tiene 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales, acosadas por proyectos inmobiliarios y turísticos, y dentro de sus posesiones está la isla del mismo nombre.

Guillermo Moreno Ibarra, a través de su prestanombres Crescenciano Santana, se apoderó de casi diez hectáreas –boscosas y con vista al lago de Chapala- en el predio conocido como Cerro El Pandillo. Ahí construyó una casa de descanso, que prestaba a familias adineradas de Guadalajara. Los comuneros no se quedaron de brazos cruzados y apostaron por el largo camino de las leyes. El empresario instaló a un grupo de hombres armados para “defender” la casa de campo, por lo que los indígenas “no podemos ni arrimarnos ahí”, sostiene Rocío Moreno.

Luego del 2008, quedaron desahogadas las pruebas con las que la comunidad demostró la posesión ilegal por parte del empresario, y se pidió la primera sentencia. Tardaron siete años más, explica Moreno, pues los demandados hicieron toda clase de triquiñuelas para alargar el proceso, como cambios de domicilio y de representantes legales.

El empresario también interpuso denuncias contra los comuneros. La primera fue en 2002, cuando acusó a cinco personas mayores de 70 años de secuestro. Lo que sucedió, explica Moreno, es que Crescenciano Santana, alcoholizado, se metió a provocar a una asamblea. Los pobladores lo entregaron a la policía, que lo encarceló. Los comuneros estuvieron en la cárcel y durante tres años, tuvieron que ir a firmar su libertad condicional.

En 2011, la comunidad decidió retirar unos paneles solares colocados en territorio comunal por el empresario. Moreno Ibarra acusó a once comuneros por “daño a las cosas”. El juicio, “que ha dolido a la comunidad”, sigue adelante. “El señor utiliza a las autoridades municipales para intimidar; tiene a la policía y al ministerio público de Poncitlán de su lado, que le dan cobertura para hacer más cansado este proceso”, acusa la historiadora.

Guillermo Moreno es presidente de un grupo empresarial llamado “Sol”. De acuerdo con el analista Jorge Covarrubias, le pertenece la empresa Carbonato de Calcio Sol (Cacosa SA), la cual fabrica la sustancia para industrias de alimentos y la construcción. “También se le asocia en el ramo inmobiliario con acciones en diferentes fraccionamientos, incluyendo Vista del Lago, en San Nicolás, Chapala. Y uno de sus cuatro hijos, Guillermo Moreno Levy, posee una empresa que fabrica artículos de piel y de calzado, llamada Gabbiani, en Guadalajara”, escribió para Proyecto Diez.

Rocío Moreno reconoce que el proceso ha sido desgastante, pero recalca que los comuneros iniciaron este juicio con idea de demostrar que si se hacía a través de mecanismos legales, podía demostrarse que las tierras son de la comunidad. Esto es importante, valora, porque Mezcala está rodeada de fraccionamientos habitacionales y recreativos para extranjeros, y los comuneros van quedando “encapsulados” en tierras cada vez más codiciadas por las inmobiliarias, que los presionan para vender.

“Los que llegaron con la bandera del progreso” como argumento para entregar sus tierras, sostiene la historiadora, tienen “los mismos trabajos con mala paga, pero ahora ya no son propietarios de nada”. Por eso decidieron conservar la tierra comunal.

Lo que sigue es la sentencia en el Supremo Tribunal de Justicia, que se dará entre un año y año y medio, pero esta sentencia “es un paso grande que la comunidad necesitaba, porque cada vez veíamos más difícil obtener una resolución positiva”, finaliza Rocío Moreno.

Mezcala, un triunfo legal en medio del acoso de las inmobiliarias
Mezcala, un triunfo legal en medio del acoso de las inmobiliarias

 

 

Jornada.unam.mx

 

OPNIÓN

 

Los de abajo

 

Triunfo en Mezcala

 

Por: Gloria Muñoz Ramírez
El territorio de Mezcala, en la ribera norte del lago Chapala, en Jalisco, ocupa 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales, además de la posesión de la isla del mismo nombre, que representa el corazón de la comunidad. La belleza indiscutible del lago más grande de México ha sido motivo de que intereses empresariales quieran apoderarse de esta comunidad habitada por indígenas coca que guarda episodios épicos de la historia de México.

Siempre en el ojo de los inversionistas inmobiliarios, la comunidad ha resistido, y por eso obtuvo el pasado 25 de septiembre una victoria frente a los invasores, con la sentencia del Tribunal Unitario Agrario que ordenó la restitución de aproximadamente 10 hectáreas que se encontraban invadidas por Crescenciano Santana, prestanombres del empresario Guillermo Moreno Ibarra.

Orgullosos de su historia, los comuneros de Mezcala cuentan que aquí la resistencia de los insurgentes contra las fuerzas realistas, durante la guerra de Independencia, duró más de cuatro años, de 1812-1816, durante los cuales libraron alrededor de 25 batallas sin perder ninguna. Hoy es la conciencia sobre su pasado lo que los impulsa a enfrentar a uno de los empresarios más poderosos del estado, quien se había apoderado de tierras del predio El Pandillo, donde construyó una casa de descanso que prestaba a las familias acaudaladas de Guadalajara.

Los pobladores originales de la ribera de Chapala quedan cada vez más encapsulados por la migración extranjera a estas tierras. A unos kilómetros de Mezcala, por ejemplo, se encuentra la comunidad de Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es el lugar con mayor número de residentes estadunidenses en México, que a su vez es el país con más estadunidenses en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés, y el pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura en los últimos 25 años.

Para no acabar como en Ajijic, los coca de Mezcala empezaron en 1999 la lucha jurídica para recuperar sus tierras, y en todos estos años la reacción de Moreno Ibarra, por medio de su prestanombres, siempre fue armada. Quince años después la alegría reina en el poblado, aunque muestran desconfianza en el cumplimiento de la sentencia, pues los invasores aún pueden interponer un recurso de inconformidad, a resolverse en tribunales federales en el transcurso de tres a seis meses. De cualquier forma, dice Rocío Moreno, historiadora y comunera coca, la resolución es un paso grande que la comunidad necesitaba, porque cada vez veíamos más difícil obtener una resolución positiva.

OPINIÓN SOBRE EL TEMA DEL AGUA:

Por: Esteban Gutierrez Hermosillo Rentería

Desde el inicio de las civilizaciones, el agua fue el factor esencial y estructural que decidió la localización de los centros de población.

De aquellos que tenemos conocimiento alguno, como de Mesopotamia o del valle del Nilo, no es porque fueron los únicos, sino porque su correcta gestión con respecto al agua permitió que se desarrollaran y crecieran más que las demás en la región.

Hoy en día vivimos bajo la FALSA premisa que nuestra evolución en tecnología actualmente va solucionar todos los problemas y ninguna ciudad corre el peligro de extinguirse por un mal manejo del agua.

El hecho de que no haya pasado no es porque no pueda pasar, sino porque las curvas de crecimiento demográfico repuntan que a penas a partir de estos años (2015), y en los próximos 30 años, se pondrá en juego el desarrollo a futuro de las ciudades actuales si no lo logran gestionar correctamente este vital líquido.

 

grafica
La gráfica anterior fue publicada en el 2003 por la Comisión Estatal de Aguas en Jalisco, para justificar la construcción de la presa de Arcediano en que aquellos años, que hoy perfectamente sabemos que es un proyecto empujado por la corrupción interna del gobierno y con una propuesta técnica que raya en la línea de la ESTUPIDEZ, dejando de lado la necesidad de abastecer de agua, que si es real.

Conforme pasan los años vemos que el gobierno en México, como institución pública y administradora pública, no es más que un cero a la izquierda, se ve, pero no sirve de mucho.

No legisla, no atiende, no administra ni prohíbe, ni mucho menos gobierna sobre su territorio.

El art 115 constitucional dicta formalmente las obligaciones municipales que copio a continuación:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

Párrafo reformado DOF 23-12-1999
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e Inciso reformado DOF 23-12-1999.

Y entre muchas otras de prioridad, vemos que en realidad ni municipios tan grandes y con tanto presupuesto pueden hacerlo correctamente como Guadalajara, que todavía hoy, descarga a cielo abierto sus aguas residuales hacia el río Santiago, contaminando un área natural protegida estatalmente.

Con respecto al tema del agua, hay varias preguntas que vale hacerse para empezar a reflexionar sobre el mismo:

El problema es la cantidad de Agua? O la calidad del Agua?

El agua no se crea ni se destruye, sólo se transforma, por lo que ambas son preguntas que vale la pena hacerse, y en especial:

¿En dónde hay enormes cantidades de agua y en dónde no?

Si todos los años llueve agua que debería llegar a almacenarse en los acuíferos y en los campos de cultivo, porque está inundando nuestras ciudades?
Porque hay enormes cantidades de agua a muchos kilómetros de aquí almacenada en presas, cuando debería de haber la suficiente agua debajo de nosotros en los acuíferos?

Porque hay enormes cantidades de agua contaminada por toda la región, ya que sólo 1/4 del agua residual se trata en Jalisco, cuando el agua de calidad la venden a precio de oro, digo 1 litro CIEL vale cerca de 10 pesos!

Podemos apuntalar por ahora que el profundo tema es dónde hay y cuánto cuesta el agua de calidad.

Desde mi opinión, siempre he visto que no hay mejor oportunidad de negocio que el que el gobierno deja desatendido.

Es decir, si el gobierno no hace lo que debe, sus obligaciones constitucionales, entonces la iniciativa privada no tardará en vendernos a solución a precio de oro. Y cómo siempre, los que menos tienen son los que tendrán que asumir los costos de un ENORME gobierno, digo enorme en ineficacia.

¿Qué podemos hacer?

No necesitamos soluciones técnicas, cualquier persona de rancho tiene el sentido común para entender que hay que hacer. El agua tiene que estar en donde debe estar, y en la calidad en la que debe de ser.

Sin embargo, la pregunta es quién va a hacer esta encomienda? Y a que precio? Y si será a tiempo para que Guadalajara no pierda competitividad, población, y su posibilidad de desarrollarse a futuro, cosa que ya comienza a suceder desde un par de años atrás.

Nosotros como agencia de innovaciones sociales y ambientales nos dedicamos a desarrollar proyectos que utilicen la tecnología en la solución de problemáticas socio-ambientales, y actualmente distribuimos a constructoras, sistemas de captación pluvial para mejorar los resultados ambientales en la industria de la construcción; sin embargo esto está lejísimos de ser suficiente.

El gobierno cada año intentará hacer proyectos más grandes, más complejos y con mayor posibilidad de fracaso con respecto al abastecimiento de agua a futuro para Guadalajara.

Innovar no significa inventar algo nuevo, innovar significa utilizar la creatividad para generar valor y mejorar los resultados en un proceso determinado, y esto es lo que debe hacer el gobierno con respecto al agua, dejar de hacer mega proyectos fracasados, y comenzar con soluciones que logren resultados concretos en las comunidades y colonias con mayor demanda de agua.

NO ES OPCIÓN, ES SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL.

Cada temporal de lluvia la cuesta a la ciudad cerca de 530 MDP según el SIAPA 2008, y sin embargo no intentan invertir para reducir este enorme costo social de una grave problemática urbanística.

Soluciones existen por montones, el mismo SIAPA en 2009 pago a una empresa privada para realizar el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, si no bien no es perfecto, es muy buena dirección para empezar a invertir en obras que le den valor agregado a la ciudad, le reduzcan el número de ciudadanos afectados cada temporal por la lluvia, y mejorar los resultados.

Y a nivel de ciudadano podemos influir mucho en el tema del agua, pero hay decisiones que el gobierno debe tomar CORRECTAMENTE.

Quizá debamos empezar a ver que no es el agua la que tiene problemas, si no que nosotros somos los que tenemos graves problemas si no existe agua para nuestro futuro, por lo menos no aquí en la ciudad de Guadalajara.

En el DF existen iniciativas de empresas sociales como Isla Urbana que instala sistemas de captación pluvial a un precio marginal en viviendas de urbanización informal y con alta vulnerabilidad.

Este tipo de iniciativas son las que tendríamos que estar buscando, entre más grande el problema, más grande la oportunidad de innovar, y si queremos ser Ciudad Creativa Digital, hay que empezar por solucionar creativamente nuestros problemas…

Esteban Gutierrez Hermosillo Rentería
Lic. En Urbanística y Medio Ambiente por la UdeG.
Especialista en innovación ambiental, con mucha experiencia en la gestión hídrica, tecnologías de aprovechamiento pluvial y estrategias para prevenir y mitigar inundaciones.
Fundador de la Agencia por la Regeneración Socio-Ambiental A.C.
www.arsa.org.mx