Asociaciones civiles y universidades se unen para defender La Primavera

Foto del Colectivo Ecologista Jalisco en: «FOTO REPORTAJE: Bosque La Primavera: Un ecosistema amenazado (2012).

 

Nota de Sergio Hernández Márquez, publicado en Verdebandera Periodismo Ambiental.

11 de diciembre de 2015.- Frente a situaciones de agresión al Bosque de La Primavera, dentro y fuera del Área Natural Protegida, diversas organizaciones civiles y académicas advirtieron que defenderán este pulmón de Guadalajara.

El mensaje fue lanzado por Sandra Valdés Valdés, Anillo Primavera A.C. en representación del Comité Ciudadano que participa en el Organismo Público Descentralizado que administra el bosque, por parte del Gobierno de Jalisco.

Los que forman parte del Comité Ciudadano son: Biodiverso, Fundación Ecológica Selva Negra, Agua y Ciudad, Colectivo Ecologista Jalisco, Fondo Noreste, y el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa.

Además participan el ITESO, la UdeG; el CIESAS, Colegio de Jalisco y representantes de los 4 cuadrantes de Pequeños Propietarios, y Representantes de 12 núcleos agrarios.

Reunión del Comité Ciudadano del Bosque La Primavera. Foto: Cortesía.

“…el rol del comité, buscará ser un contrapeso a la ineficacia en la regulación en el cambio de uso de suelo en las zonas de transición y amortiguamiento del bosque, para frenar su degradación”, señalaron en la postura colectiva que hicieron saber a la autoridad.

La reunión fue realizada este viernes en un inmueble de la zona de El Bajío.

El escrito agrega que irán más allá de los instrumentos de gestión ambiental existentes y buscarán hacer que se reconozcan dinámicas informales y de grupos cuyo interés es sustituir capital natural por infraestructura y vivienda, sin respetar los límites de la capacidad de carga y resiliencia del bosque.

“Así mismo (el comité) aspira a ser un catalizador de las buenas prácticas comunitarias,  de conservación y manejo, que se llevan a cabo al interior del Bosque La Primavera de manera fragmentada para escalarlas a un sistema coherente en todo el polígono y sus alrededores, evitando así esfuerzos inconexos, fugas y desplazamientos”.

La evaluación

El Comité Ciudadano considera que el Bosque de La Primavera tiene varios rezagos en cuestiones de ordenamiento territorial, uso de suelo y políticas públicas y estas son sus consideraciones:

*15 años de atraso en el programa manejo.

*10 años de retraso en la integración de políticas públicas consecuentes con el reconocimiento de La Primavera como reserva de la biosfera MaB UNESCO .

* Ahora que está en proceso el plan metropolitano de ordenamiento territorial se tiene la gran oportunidad de integrar la visión de la UNESCO.

*Los planes parciales de cada ayuntamiento tendrán que entender la fragilidad ambiental del bosque al interior del polígono protegido y al exterior considerando una zona de amortiguamiento y transición.

*Se tendrán que renovar los instrumentos de ordenación ecológico territoriales con escalas adecuadas para entender la problemática del bosque y su relación con la ciudad.

*Se tendrá que empezar a gestionar el territorio desde una visión de cuenca, para la protección y gestión del agua, que representa el 35% del consumo en la ciudad.

*Avanzar en materia de gobernanza, para la integración de las comunidades y ejidos que viven en y de La Primavera.

*Los 4 principales corredores biológicos están muy amenazados, su conservación es imprescindible para una visión a largo plazo para el bosque:

El corredor de Ahuisculco en Tala sufre el corte del macrolibramiento, el circuito sur y los contenedores de melaza, el corredor del volcán de Tequila en Tala, con el desarrollo descontrolado del fraccionamiento Los Ruiseñores, el corredor del cerro del Tepopote en Zapopan, con la autorización de nuevos fraccionamientos y el corredor de Cerro Viejo en Tlajomulco con el impacto del macrolibramiento y el circuito sur.

*Frente a temas como la Geotermia y las iniciativas para explotarla, tendremos que tratar a La Primavera como un bosque frágil e imprescindible para nuestra calidad de vida.

 



 

Diálogo de Frente con Alcaldes


Lo que observamos y lo que queremos ver al final de esta gestión

Si tuviérmos la posibilidad de poner sobre la mesa nuestras prioridades colectivas en materia de gestión del agua, prevención de la violencia y proyecto de ciudad, ¿cuáles serían?


Flyer_Dialogo-con-AlcaldesDibujo: @Lizeis


¿Qué es?

El Diálogo de Frente con Alcaldes será un espacio para que nuestras propuestas sean consideradas la base en la transformación de la ciudad que queremos.

En esta ocasión llevaremos a cabo un diálogo con las y los alcaldes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, para así asegurar que en sus procesos de planeación y gestión del desarrollo municipal y metropolitano respondan de manera efectiva a las propuestas y demandas que ha generado la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general a lo largo de muchos años de trabajo.

¡Tómala! facilita el acercamiento, la reflexión y la discusión entre organizaciones y colectivos para posibilitar nuevas formas de relación y asociación hacia ciudades más incluyentes y solidarias.

¿Cuándo?

30 de noviembre de 2015 a las 19:00 Hrs.

¿Dónde?

En La Fábrica de Chocolate. Priv. Andrés Terán No. 33, Col. Americana.

Evento en FB: Diálogo de Frente con Alcaldes

#DiálogoConAlcaldes

 

Temaca exige suspensión de presa

Boletín de prensa de IMDEC.

Guadalajara, Jalisco, a 9 de noviembre de 2015

TEMACAPULÍN EXIGE EL REPLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA CUENCA DEL RÍO VERDE A CARGO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) Y AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

PIDE SE OTORGUEN CONDICIONES MÍNIMAS DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AFECTADOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y LA INTERVENCIÓN ADECUADA DE LAS NACIONES UNIDAS EN JALISCO.

RECHAZA “EL PRODUCTO TEMPRANO” QUE PROPONE EL ESTUDIO DE LA UNOPS-PNUMA, YA QUE ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES AFECTADAS, ES INCONGRUENTE CON EL OBJETIVO DEL ESTUDIO Y EL DISCURSO DEL GOBIERNO DE JALISCO.

El pasado 10 de septiembre el Gobierno de Jalisco firmó un adendum con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) para realizar un análisis hídrico con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó que el estudio ayudaría a eliminar los conflictos medioambientales y la desconfianza de los pobladores: “El trabajo de UNOPS y PNUMA viene a sumar y a aportar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria. Como autoridad estamos obligados a gobernar escuchando a los ciudadanos y nuestras acciones deben de regirse por el bienestar que aportan a las personas, no por el bienestar de unos cuantos”.

El estudio, que costará 4.6 millones de dólares y durará 18 meses –de octubre 2015 a marzo 2017- consta de 3 componentes, el primero incluye un Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del Río Verde y la contribución a la macro-planeación de obras hidráulicas en el Estado de Jalisco; el segundo consiste principalmente en mesas de diálogo para el conflicto de la presa El Zapotillo y una sala de información con soporte físico y digital (Data-Room); finalmente, el tercer componente comprende cuestiones de diseño y comunicación, así como talleres que -de acuerdo con los Términos de Referencia- contribuirán a la comprensión por parte de todos los actores de los aspectos técnicos.

Sin embargo, desde el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, consideramos que lamentablemente la intervención de Naciones Unidas llega a destiempo, en un conflicto socio ambiental generado por la construcción de la Presa El Zapotillo que se encuentra en su etapa más álgida, donde ya no existe credibilidad hacia las instituciones del Estado y en donde están comprobadas las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el proyecto.

El citado estudio aún no comienza y ya presenta graves vacíos y omisiones que nos preocupan, por ejemplo el hecho de que no se consultó a las comunidades afectadas y a las organizaciones que les asesoran para la elaboración del estudio y sus Términos de Referencia y que a pesar de haber solicitado los Términos de Referencia del estudio desde diciembre de 2014 estos no nos fueron proporcionados vía solicitud de información.

Tuvieron que pasar 10 meses a partir del anuncio oficial de la tercería de Naciones Unidas en el conflicto de La Presa El Zapotillo, para que se hicieran públicos los Términos de Referencia del citado estudio (adendum). Al hacer una revisión detallada del documento encontramos nuevamente graves vacíos, omisiones e información confusa que atenta contra el derecho de los pueblos afectados y no deja claro el verdadero aporte e intención del gobierno de Jalisco al contratar a la UNOPS-PNUMA.

En este sentido, cuestionamos:

¿Quién garantizará que este estudio se lleve a cabo de manera participativa, multidisciplinaria e integral, que incorpore la voz de las comunidades afectadas, y la visión del agua como un bien natural esencial y no como una mercancía? En los Términos de Referencia y como parte de la estructura de gobierno del estudio, se refiere a un “Comité de Dirección del Proyecto”, integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la UNOPS y el PNUMA; además, para asegurar la imparcialidad se menciona a un “Comité Técnico” integrado por funcionarios independientes de UNOPS y PNUMA, sin embargo ¿dónde queda la participación y la voz de la sociedad civil y de la academia comprometida al interior de estos comités?

¿Quién será responsable de que se cumplan las recomendaciones que emanen de este estudio? A lo largo de los Términos de Referencia se menciona de manera constante un “Grupo de monitoreo y seguimiento” sin embargo no se dice por quién o quiénes estaría integrado este grupo, lo que debilita que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones que se obtengan como resultado del estudio.

¿Por qué invertir 4.6 millones de dólares en un estudio cuyos resultados no serán vinculantes? En los Términos de Referencia queda claro que las recomendaciones y resultados de este estudio no serán vinculantes para el Gobierno de Jalisco, sino que sólo serán elementos y herramientas “para la toma de decisión a los efectos que el Sr. Gobernador del Estado de Jalisco pueda adoptar un curso de acción frente a la conflictividad socio ambiental derivada de la construcción de la presa El Zapotillo”.

¿Cuándo se podrá revisar y analizar el Plan Operativo definitivo del estudio? Ya está por terminarse el primer mes de ejecución del estudio y aún no se cuenta –o no se ha hecho público- el Plan Operativo definitivo, en el que de acuerdo con los mismos Términos de Referencia, “se encontrará a detalle la metodología del estudio y se definirán con precisión los principales productos del proyecto”.

¿Cómo es posible que se incorpore en los Términos de Referencia del estudio un “producto temprano” que evalúe la posibilidad de “aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa”? La sola mención de la posibilidad de ejecutar como producto temprano un “estudio de viabilidad de regulación de la presa a fin de permitir la posible terminación, adecuación y llenado de la presa hasta la cota de 80 metros” y de “aprovechar la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa”, nos parece una grave falta de respeto y de no garantía de los derechos de los pueblos afectados, de su proceso de lucha y de resistencia que han sabido mantener con por más de 10 años: ¿qué pasaría con las comunidades de Acasico y Palmarejo y con sus habitantes? ¿quién y cómo se garantizaría la seguridad de la comunidad de Temacapulín y de sus habitantes? ¿para qué llevar a cabo un estudio de 4.6 millones de dólares y 18 meses de duración si en los primeros meses del mismo se plantea un producto temprano que conlleva el llenado parcial de la presa en la próxima estación lluviosa?

¿Es real que con este estudio se vaya a generar nueva información hidrológica o se trata de -un estudio más- que analizará y sistematizará información y estudios ya existentes? En la sección de “Trabajo de campo” de los Términos de Referencia, actividades como entrevistas a pobladores, aforos, toma de muestras, relevamiento de información de calidad del agua, etc., siempre vienen acompañadas de frases como “si se considera oportuno”, “en caso de considerarse necesario”, “de ser oportuno”, “se podrán llevar a cabo”… ¿quién decidirá si es oportuno, necesario o pertinente, el Comité de Dirección del Proyecto integrado por SEMADET-CEA-UNOPS-PNUMA y en el que no se contempla la participación de la sociedad civil ni de la academia?. Además de que el presupuesto no considera partidas reales para llevar a cabo este tipo de estudios y de generación de nueva información.

Asimismo tenemos información de que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la elaboración del estudio “Evaluación de la Disponibilidad conforme a la Norma NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la ZCG”. El convenio (CEA-IMTA001/2014) fue firmado el 1 de julio de 2014 y el estudio tendría un costo de $3.5 millones de pesos. La duración original del estudio era de 6 meses, pero en noviembre de 2014 se solicitó una ampliación de 3 meses al plazo inicial que se había definido, por lo que -en teoría- el estudio tendría que haberse terminado en abril de este año 2015. Sin embargo este estudio no se ha presentado y no es público aún.

El convenio dice que el estudio del IMTA consistirá en “la implementación de un sistema de información hidrológica de la RH No. 12 Río Santiago para apoyar el cálculo de la disponibilidad de agua superficial, destacando la importancia de la Cuenca Río Verde para el abastecimiento a la ZCG”. El Programa de Trabajo incluye a grandes rasgos: Balance Hídrico, Sistema de Información Geográfica, Estimación del Volumen de Agua almacenado mediante imágenes de satélite y un Informe Final; y surgen más preguntas:

¿Por qué si el estudio del IMTA incluye un balance hídrico, su programa de trabajo sólo incluye la recopilación de datos e información referente al agua almacenada, espejos de agua, cuerpos de agua, volúmenes transferidos entre cuencas, es decir agua superficial, y no hace alusión alguna al agua subterránea?
¿Por qué se contratan paralelamente dos estudios que incluyen la elaboración de balances hídricos de la misma cuenca y programas de trabajo con actividades en común? ¿Falta de coordinación o falta de confianza?

¿Por qué la diferencia en sus costos: $4.6 millones de dólares del estudio UNOPS-PNUMA vs $3.5 millones de pesos del estudio del IMTA?

Por todo lo anteriormente mencionado, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC y el Colectivo de Abogadxs, hacemos un llamado al Gobernador de Jalisco, a la SEMADET y a la UNOPS-PNUMA para que se establezcan de inmediato las siguientes condiciones mínimas, que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos afectados, el desarrollo del estudio y la intervención adecuada de las Naciones Unidas en Jalisco:

Que el proyecto Presa El Zapotillo y el trasvase del Acueducto El Zapotillo-León se suspendan completamente mientras se esté realizando el estudio.

Que en coordinación con las comunidades afectadas y sus asesores/as se modifiquen y aclaren las dudas planteadas a los Términos de Referencia del estudio (adendum).

Que se retire de forma absoluta del estudio la posibilidad de que se ejecute como “producto temprano” un estudio que viabilice el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa hasta la cota de 80 metros.

Que a lo largo de todo el desarrollo del estudio, y durante las reuniones, talleres y encuentros que se lleven a cabo, las oficinas, instituciones y equipos participantes en el estudio privilegien la participación de la sociedad civil y la academia, así como el respeto a los pueblos y comunidades afectadas y a sus derechos humanos.

Que se conforme un Comité Ético de Garantes de la Sociedad Civil que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia.

Que les sea permitido a las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo y por el Acueducto El Zapotillo-León, visitar las obras de la presa y conocer su estado actual, ya que este derecho se les ha tenido negado por más de 10 años.

Finalmente comunicamos que a pesar de las inconsistencias de este proceso, mantendremos apertura al diálogo tanto con la SEMADET y el Gobierno de Jalisco como con el equipo de la UNOPS-PNUMA; estaremos muy atentos/as y vigilantes al cumplimiento de estas condiciones mínimas y continuaremos exigiendo que se garanticen transparencia y respeto a nuestros derechos.


¡Otra gestión del agua es posible!

¡Ríos para la vida no para la muerte!

¡Temaca vive, la lucha sigue!

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC, A.C.
Colectivo de Abogadxs.
Para mayor información:
Correo electrónico: incidencia@imdec.net
Teléfonos: IMDEC A.C. 38110714 / 38104536

Otro Chapultepec Posible

Compartimos el comunicado de distintas personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México que promueven el derecho a la ciudad desde la iniciativa #NoShopultepec #SíChapultepec.

 

México, D.F., 27 de octubre de 2015


Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal

A la Comisión del D.F. en el Senado

A la Comisión del D.F. en la Cámara de Diputados

A la Asamblea de Representantes del D.F.

A los Partidos Políticos de la Ciudad de México

Quienes firmamos este desplegado estamos a favor de la recuperación de la avenida Chapultepec, pero en contra de la manera que propone el GDF (Gobierno del Distrito Federal).

Partimos de la firme convicción de que el espacio público es de todxs los ciudadanxs y no debe privatizarse. Estamos a favor de amplias banquetas bien diseñadas, accesibles para todos y con grandes y generosos árboles que den sombra. Estamos a favor de un transporte público eficiente, ordenado, moderno y adecuado para nuestra ciudad. Estamos de acuerdo en ordenar el flujo vehicular para privilegiar al peatón y a la bicicleta de acuerdo con los más altos estándares internacionales de movilidad. Estamos de acuerdo con que existan un número limitado de espacios comerciales con cafés y puestos de periódicos y libros, además de bancas, de fuentes y de juegos; con que haya señalización clara e iluminación adecuada, con horario para transporte de carga y mejor servicio de limpia. Deseamos que sea una calle segura para todos. En fin, estamos de acuerdo con estas pequeñas pero grandes mejoras que, multiplicadas, harán que nuestra ciudad sea habitable para todos.

Somos un grupo plural, con opiniones diversas en muchos temas, incluyendo los mecanismos de financiamiento en la recuperación de nuestras calles. A pesar de nuestras diferencias, no estamos de acuerdo con el Corredor Chapultepec que el jefe de gobierno del Distrito Federal y el titular de la Agencia de Promoción de Inversiones de la Ciudad de México, así como los inversionistas del proyecto y sus arquitectos proponen, porque:

Primero, es necesaria una intervención en Av. Chapultepec, no ésta: son muchos los especialistas que han cuestionado la pertinencia de colocar un centro comercial sobre una estructura elevada para “recuperar la calle” en términos urbanos pero también financieros, de la gestión misma del proyecto y del empobrecimiento del espacio público. La opción a nivel, supuestamente bajo consideración, no ha sido debidamente detallada ni publicitada. La necesidad de un proyecto así debe determinarse mediante un decreto de la autoridad que haya surgido del análisis plural de especialistas y la participación activa de los ciudadanos.

Segundo, no hubo participación ciudadana: esta es una exigencia democrática en proyectos que plantean cambios radicales en la ciudad. Resulta fundamental que este proceso se inicie antes de que se trabaje en la definición de las propuestas y no que se limite a una consulta atropellada sin que haya habido ni información ni la discusión suficientes. En sí, los compromisos financieros y legales asumidos por ProCDMX antes de presentar públicamente el proyecto limitan de manera fundamental las alternativas que pudieran ser puestas en consideración de la ciudadanía.

Tercero, no fue transparente: aunque se hayan cumplido en tiempo y forma ciertos requerimientos legales, el proyecto se presentó de manera pública y amplia una vez que todas las decisiones importantes habían sido tomadas. No hubo un concurso público de arquitectura, ni un contraste real entre las alternativas posibles. El proceso parece diseñado para justificar un proyecto comercial seleccionado previamente.

Cuarto, no es cultural: al revisar los planos del proyecto propuesto y ante la falta de uno avalado por la Secretaría de Cultura, los mismos miembros del Consejo Consultivo, designados por ProCDMX, solicitaron quitar en toda la presentación del proyecto el calificativo de cultural, lo que implica que toda la información proporcionada hasta ahora de manera oficial ha estado basada en un equívoco y resulta, por tanto, engañosa y poco confiable para tomar decisiones a partir de la misma.

Quinto, no es en beneficio público: la manera en que se ha querido presentar este proyecto en específico como ganancia para la mayoría, no es sino un negocio para unos cuantos. Ello lo pone en entredicho.

Por tanto, afirmamos que en beneficio de la ciudad entera es deseable y posible un gran proyecto de intervención urbana en avenida Chapultepec diferente, que sirva de auténtico modelo para una ciudad plural y democrática, que no ve a sus ciudadanos como consumidores.

Por lo anterior, exigimos de nuevo:

La derogación de la Declaratoria de Necesidad del 19 de mayo del 2014 y la cancelación de todos los actos derivados de ese decreto y, por tanto, del actual proyecto del “Corredor Chapultepec”, y

Abrir un nuevo proceso, auténticamente participativo y transparente, para imaginar la calle considerando los intereses y las necesidades de todos los habitantes de la ciudad, privilegiando al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público, de acuerdo con las mejores prácticas urbanas contemporáneas y en cumplimiento con las intenciones declaradas por el propio Gobierno del Distrito Federal.

Tenemos la oportunidad y la obligación de colocar el interés común por encima de los intereses de unos cuantos.

#NoShopultepec | #SíChapultepec

FIRMAS:

Instituciones

Asociación en Defensa Roma-Condesa

Asociación Salvo Lomas

Bicitekas, A.C.

Colectivo «Juárez no ha muerto»

Colectivo Camina Haz Ciudad

Comité Ciudadano Roma Norte I

Comité Ciudadano Roma Norte II

Comité Ciudadano Roma Norte III

Constanza Delon

Greenpeace México, A.C.

Movimiento @NoCorredor

Plataforma Vecinal de la Colonia Juárez

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

Vecinos de Veracruz 3 Condesa

Miembros del Consejo Consultor de Parques Lineales

Axel Arañó

Alberto Ruy Sánchez

Billy Springall

Fidel López

Julio Gaeta

Margarita de Orellana

Víctor Márquez

Hasta el momento, van 500 firmas de personas y más de 3000 en la red. Puedes unirte al llamado en Avaaz aquí.

 

Nuestro reflejo en el agua

Por Héctor Castañón.

Si suponemos por un momento, como proponía Tales de Mileto, que el agua representa el orden de todas las cosas, al situar nuestra mirada en el agua podríamos obtener un reflejo de nuestra realidad entera. Aunque hoy sabemos que las leyes de la física responden a otros principios, bien vale la pena hacer el ejercicio de mirarnos en el espejo del agua para ver lo que hoy somos como sociedad. Tres acontecimientos en la semana que acaba de terminar nos aportan elementos para ello.

El primero fue la realización en Guadalajara de la VII reunión anual de la Red Waterlat-Gobacit, que nos regaló la gran oportunidad de observar la realidad latinoamericana a través de los conflictos por el agua. Las experiencias compartidas por visitantes de Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y Ecuador, entre otros, nos recuerdan que el modelo de explotación y violencia contra la tierra y sus pueblos es de escala planetaria, como lo señalara en el encuentro María González directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC.

La presentaciones realizadas durante el foro que se centraban en el caso de México, evidenciaron que en la gran diversidad territorial y cultural que hay en nuestro país, se presentan patrones comunes de explotación y violación de derechos a través de la gestión del agua. Un integrante de la resistencia a la privatización del agua en Saltillo, lo señala de esta manera: “son tan parecidos los problemas que tenemos con el agua en Sonora, Jalisco, Veracruz, Colima, Nayarit y el Estado de México, que parece que tenemos el mismo gobierno”. Desde las comunidades afectadas se entiende que el gobierno, con sus nuevas leyes, quiere quitarles lo que ha sido de sus pueblos toda la vida, como lo denunciaron integrantes del Consejo Indígena de Zacualpan en Colima.

Estas formas de exclusión no ocurren sólo en las remotas áreas rurales de nuestro país. De acuerdo con estudios realizados por la Coalición Internacional para el Hábitat, son los pobres en las ciudades quienes ven más vulnerado su derecho al agua y el saneamiento. Las evidencias muestran que esto no es una cuestión circunstancial, sino una forma de violencia sistemática, ya que según análisis históricos desarrollados por Francisco Peña del Colegio de San Luis, la inmensa mayoría de quienes hoy no tienen agua, es porque fueron desplazados del lugar donde tenían acceso.

El derecho al agua es uno de los Derechos Económicos y Sociales sobre los que México no ha rendido cuentas desde 2006, a pesar de haber suscrito compromisos internacionales con las Naciones Unidas. Y así, como lo reportó Areli Sandoval de Equipo Pueblo, la Ley de Aguas Nacionales de México no es un instrumento que garantiza el derecho humano al agua, porque el vital líquido en este país es destinado, cada vez más, a quien puede pagarlo: primero los negocios globales, luego las élites urbanas, y al final los pobres de la ciudad y los pequeños productores agropecuarios.

fracking

Como ejemplo de ello, Raúl Rubio, del movimiento de resistencia contra el acueducto Monterey 6, asegura que esta obra hidráulica no es para la gente, sino para el fracking, destacando el cada vez más fuerte vínculo entre el consumo del agua y los procesos privatizados para el aprovechamiento de los recursos energéticos. Claudia Campero de No Fracking Mexico reveló que 29 millones de litros de agua se consumen en cada perforación por fracking.

Por su parte, la Dra. Beatriz Torres de la organización La Vida, informó que en Veracruz, existen 146 presas en proyecto, la mayoría bajo el modelo de privatización de recursos y 340 pozos destinados al fracking. Estos desarrollos se han acompañado del uso de la fuerza pública frente a movimientos de resistencia, que han causado más de 960 muertes.

El antropólogo Angel Palerm había ya advertido que con el agua siempre fluye el poder. Y es el poder del mercado el que configura cada vez en mayor medida los modelos de gestión del agua en todo el mundo, aún por encima de los máximos tribunales de justicia, como lo demuestra en nuestro país el caso expuesto por Tomás Rojo de la Tribu Yaqui, sobre el Acueducto Independencia en Sonora, el cual a pesar de tener orden judicial para ser suspendido, continúa su construcción.

Los grandes proyectos hidráulicos en todo el planeta, son impulsados desde la perspectiva de mercado y no desde la perspectiva de una gestión sostenible de cuencas, en donde se privilegian los sistemas de pequeña escala y organización comunitaria. Por eso, el Padre Gabriel Espinoza, de la comunidad de Temacapulín explica la postura de su pueblo frente a la presa de El Zapotillo, diciendo que lo que quieren no es detener las cosas, sino cambiar la forma en que se gestiona el agua en México.

Es así que en la Red Waterlat se habla de la necesidad de una Revolución del Agua; de una política de gestión que garantice para ésta y las futuras generaciones el derecho al agua; a la vida. En la tradición indígena de la región Totonacapan en Puebla, como lo explicó Miguel Sánchez en su exposición, el agua es la vida; “Y no nos van a quitar la vida” sentenció.

El segundo acontecimiento que merece ser observado en relación al agua, es a la aprehensión de César Coll Carabias, ex titular de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, por la supuesta asignación indebida de recursos en dos distintos proyectos hidráulicos. Independientemente de la sentencia que se dicte, el caso nos habla de la forma en que la corrupción y los intereses políticos, condicionan las obras de infraestructura y la gestión del agua en México.

El tercer acontecimiento fue la irrupción del Huracán Patricia en el escenario nacional, que, si bien no resultó ser huracán devastador que se temía, reveló la enorme preocupación que este tipo de fenómenos despierta entre las y los mexicanos que, como lo señala el periodista Agustín del Castillo, sabemos de nuestra caótica forma de ocupar el territorio bajo un modelo que destruye bosques y altera ríos, ignorando las medidas de prevención que impone un escenario de cambio climático.

De haber visto nuestro reflejo en el agua embotellada de los supermercados abarrotados por las compras de pánico, habríamos visto un rostro de angustia, provocado por la vulnerabilidad que sentimos ante la forma de manejar el agua y los sistemas naturales en este país.

Agustín Yáñez en su novela «Ojerosa y pintada» cuenta de un filósofo que se dirigía con frecuencia a la orilla del río de aguas negras de la ciudad de México para reflexionar. Y decía: “Contemplar las aguas negras es como leer apasionadamente las páginas del Apocalipsis, como descifrar cada uno de sus símbolos para leer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad […] si todos vinieran de cuando en cuando a verse retratados, a contemplar sus vidas en las aguas negras, y se pusieran a reflexionar, otra sería la historia de la ciudad”.

Si hoy vemos nuestro reflejo en el agua, veremos deterioro, corrupción, negación, exclusión y explotación, como lo afirmaron los integrantes del Colectivo Agua y Ciudad en su presentación durante el foro. Pero si sabemos que todo cambia permanentemente en el río y en el que lo observa – como sugería Heráclito de Efeso – existe la posibilidad de transformarnos y con ello transformar el efecto de lo que somos y hacemos en el agua. Para ello es necesario observarnos en ella, y ser conscientes de lo que somos, como lo hizo una vez aquel personaje del cuento de Hans Christian Andersen, quien hasta que se vio reflejado en el agua como un cisne, dejó de comportarse como un pato.

Foto: Archivo EFE.

Porque no somos cebras, somos personas

-¿Por qué pintan pies?

-Porque los carros no nos ven.

 

Porque no somos cebras, somos personas

El día de ayer, ¡Tómala! fue parte de las acciones comunes convocadas por la campaña #HaztePaso en el marco del Día Mundial Sin Autos.

Intervenimos el crucero de Marcos Castellanos y Juárez junto con la artista invitada, Raquel Barrios, a fin de que la ciudad haga visibles los espacios para las personas: más banquetas y menos vehículos, convivir en lugar de atropellarnos y que la ciudad y sus calles se vuelvan más humanas.

Elegimos como primer crucero uno del Parque Revolución, sobre Juárez, casi desmarcado y muy poco respetado por los automovilistas.

Primero ocupamos la mitad de carriles de Juárez, ¡qué bien se sintió hacer visible ese paso peatonal!

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Fue entonces cuando decidimos marcar una línea peatonal inexistente en Juárez y Marcos Castellanos, desde la rampa.

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¿Cómo pensaban Movilidad y Ayuntamiento de Guadalajara que funcionarían estas rampas? Nosotros decidimos hacer un milagro. 😉

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Organizarnos, trazar, pintar…

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Raquel Barrios tiene poco de haber regresado a la ciudad. Ella se transporta caminando principalmente.

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…Porque las calles son de nuestros pasos…

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…Y nuestros pasos no dejarán de ocupar las calles y las banquetas.

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Hagamos nuestra la ciudad. Hagámonos paso.

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¡Gracias a todas las personas que se acercaron y sumaron!

¿Quieres conocer cómo se ve Guadalajara ahora? Aquí encontrarás mensajes, fotografías y anécdotas de lo vivido –> #HaztePaso

 

Hazte Paso

 

Acciones para hacer visibles los espacios

de las personas en la ciudad

Este 22 de septiembre del 2015, Día Mundial Sin Autos, la campaña #HaztePaso te invita a intervenir el Área Metropolitana de Guadalajara con el propósito de hacer visible la necesidad de vivir en una ciudad bella, en la que se pueda disfrutar y vivir de manera más humana.

 

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Gracias al urbanismo táctico que permite replantear de forma temporal la geometría del espacio, buscamos ensayar posibilidades de mejora de nuestras calles, ya que la mayor parte del tiempo estamos en ellas y tenemos derecho a vivirlas con seguridad, respeto y gozo.

 

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Realizaremos desde manifestaciones efímeras hasta balizamientos artísticos y temáticos con pintura en las calles a fin de visibilizar a los espacios de las personas en la ciudad.

 

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¿Cómo participar?

Manda tu propuesta para que te registren en el mapa de intervenciones o de voluntarixs.

¿Cuando?

22 de Septiembre desde las 00:00 Hrs.

¿Quienes?

Participaremos colectivos, organizaciones de la sociedad civil,  artistas, voluntarios, estudiantes, profesorxs, asociaciones de vecinos y peatones entusiastas.

ESARQ, CIU, Ciudad Para Todos, Cuadra Urbanismo, Ciudad Pixel, BKT Bici Pública, CMIC, CNEC, Todos dejamos Huella, Col Arqs, CCIJ, FEU, Liga peatonal, UNIVA en Bici, ITESO, UAG, RUM, Víctimas Violencia Vial, Por Amor Abróchalos, Jóvenes Salvaguarda, GDL 2020, ¡Tómala!, ANEDUP, GDL en Bici, Rila Libre, Tierra Nueva, FICHO, Estencil Curli, BIA Ciudad, GDL2020, Paz Vial, Jalisco Cómo Vamos, Consejo Ciudadano Metropolitano, Observatorio Ciudadano de Movilidad, Consejo Estatal de Movilidad no Motorizada.

Contacto:

haztepaso@gmail.com

Fotos e imágenes: #HaztePaso.

 

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Haz tu ley: una herramienta de democracia interactiva

 

La primera plataforma digital de participación ciudadana legislativa efectiva en México

Colaboración de: Congreso Ciudadano de Jalisco.

Haz tu Ley es un proyecto diseñado por ciudadanas y ciudadanos, académicos y especialistas en tecnología digital de Jalisco, que han puesto su experiencia y talento para desarrollar una herramienta de democracia interactiva, la cual permite llevar la voz de los ciudadanos a las decisiones que afectan a nuestra comunidad.

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Este esfuerzo es coordinado por el Congreso Ciudadano de Jalisco A.C., el Observatorio Legislativo de ITESO y la empresa de tecnología digital INDATCOM.

Haz tu ley es una red de participación ciudadana legislativa: la primera plataforma en México que brinda a los ciudadanos el espacio para poder plantear propuestas de reglamentos municipales y propuestas de iniciativas de ley ante el Congreso Estatal de Jalisco y el Congreso de la Unión.

Como parte del proyecto, se ha desarrollado una plataforma en Internet que permite que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan proponer y presentar sus iniciativas. Para tal fin, se ha llegado a un acuerdo con las y los diputados y la senadora de Movimiento Ciudadano, quienes se han comprometido a presentar estas iniciativas al pleno del Congreso del Estado de Jalisco y al pleno del Congreso de la Unión. Se llegó también a un acuerdo con los presidentes municipales de Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y Zapotlán el Grande.

Actualmente es muy difícil que una propuesta ciudadana sea considerada en el Congreso porque para ser recibida como iniciativa popular, debe contar con el apoyo del 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado de Jalisco, lo que significa que los solicitantes deben reunir, mediante sus propios recursos, más de 28,000 firmas, así como los datos de las credenciales para votar de quienes firman. La iniciativa popular federal requiere el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores: alrededor de 174,000 firmas con los datos de las credenciales. ¡Tarea imposible para los ciudadanos!

El gran logro de Haz tu ley, es que tú ya puedes proponer un reglamento a tu ayuntamiento y una ley a tu congreso

Una propuesta de Iniciativa de Ley es un documento en el que se expone una situación que está causando problemas a la sociedad, debido a que no hay una ley que regule esa situación. También puedes proponer una reforma a alguna ley que se haya vuelto insuficiente.

Una propuesta de reglamento municipal es un ordenamiento de carácter general para regular el gobierno, la estructura administrativa y el cumplimiento de funciones, así como para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública. El reglamento contiene una serie una serie de reglas para que la ciudadanía y los empleados municipales lleguen a acuerdos para el buen uso de los servicios que ofrece el municipio.

El mecanismo de participación en Haz tu ley es muy simple: entras a la plataforma www.haztuley.com, te registras con tu correo o con tu cuenta de Facebook, y en ese momento se crea tu página desde donde interactúas con las personas que han creado otras iniciativas; colaboras con las iniciativas que te interesen, apoyas en la difusión o escribes tu propia iniciativa.

En caso de que solo tengas buenas ideas, regístralas en la caja de las ideas y otros podrán retomarlas y desarrollarlas.

Tus iniciativas deberán tomar en cuenta lo siguiente:

-Respeto los Derechos Humanos.
-Relevancia pública de los cambios planteados.
-Correspondencia al ámbito legislativo o edilicio.

¿Qué se ha logrado con haz tu ley?

 Abrir un espacio en el Congreso del Estado en el Congreso de la Unión y en los municipios metropolitanos de Jalisco. A un año de su lanzamiento, el Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó el Reglamento del Agua y está actualmente estudiando el Reglamento por la Diversidad; en el Congreso de Jalisco, ingresamos la reforma a la Ley de Fiscalización.

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Haz tu Ley es la primera herramienta digital de participación ciudadana legislativa efectiva en México. A través de esta plataforma podremos construir juntos ciudadanía y gobierno: las soluciones necesarias a nuestros problemas sociales mediante una nueva fase de la democracia, la democracia interactiva.

La democracia interactiva es un innovador modelo de co-gobierno en el que la ciudadanía nos hacemos presentes en la conformación de leyes y políticas públicas para nuestro entorno mediante esta innovadora plataforma digital.

Haz tu Ley surge como una herramienta apartidista de la democracia interactiva que integra a las esferas tecnológica, académica y de organización ciudadana activa.

Este proyecto busca recuperar el espíritu del artículo 39 constitucional que establece que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Haz tu Ley pretende simplificar el camino para ejercer dicho derecho y presentar las iniciativas de ley que ciudadanas y ciudadanos consideran necesarias ante los representantes del congreso.

 

Margarita Sierra.

Congreso Ciudadano de Jalisco.

www.haztuley.com

Twitter: Congreso Ciudadano

FB: Congreso Ciudadano de Jalisco



 

Arte x la calle

Un proyecto para recuperar el barrio en Puerto Vallarta

Colaboración de Ocupa tu Ciudad, 9 de julio de 2015

«México Proyecta: Arte por la Calle» impulsa la apropiación del espacio público mediante la generación de obras artísticas colectivas donde la comunidad y los gobiernos participen y se involucren. De esta manera se pretende mantener los espacio públicos habitables, seguros y disponibles para los ciudadanos.

Varios meses después del curso «Travesías, Rutas transversales del arte», impartido por el artista y curador Rubén Méndez en la Biblioteca Los Mangos, y de las intervenciones urbanas realizadas durante el año 2014, el equipo de México Proyecta en Puerto Vallarta se reactivó para echar a andar las actividades en este 2015, ahora con mayor fuerza, motivación, organización y recursos, contando este año con el apoyo financiero del estímulo «proyecta» de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con los recursos en coinversión de la Agencia de Proyectos Sociales – Ocupa Tu Ciudad A. C. y con el apoyo y patrocinio de diversos empresarios y vecinos.

La ciudad de Puerto Vallarta es la segunda en importancia económica y de población en el Estado de Jalisco, pero también le aquejan ya problemas de contaminación, deterioro de la imagen urbana, marginación y otros fenómenos sociales. Si bien en algunas zonas de la ciudad existen proyectos inmobiliarios pujantes y grandes inversiones en infraestructura y equipamientos, en otras zonas las condiciones del espacio público y de la economía local están deterioradas y con serios problemas de segregación.

En el caso del centro histórico, mejor conocido como Vallarta Viejo, Zona de la Playa de los Muertos o las colonias Emiliano Zapata, Amapas y Olas Altas, diversas iniciativas han intentado recuperar y mejorar el espacio público de este lugar histórico para la ciudad. Arte x la Calle busca aportar a este legado y a esta serie de acciones colectivas, proponiendo pero cuestionando a la vez, sobre la forma en que la población prefiere que se hagan las cosas, sobre los diversos actores (estados-sociedad) como verdaderos promotores de las intervenciones artísticas y sobre como los artistas entienden y viven Puerto Vallarta.

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Más allá de la vocación turística y comercial de la ciudad, existe una población joven en aumento que requiere espacios de calidad para desarrollar sus actividades cotidianas, para integrarse y cohesionarse comunitariamente y para progresar socioeconómicamente. Existen también espacios públicos con gran potencial y en ciertos grados de abandono, que pueden ser intervenidos para mejorar el entorno del barrio y ofrecer mejor calidad de vida a la población.

El arte en su transformación y evolución ha fungido como un mecanismo de expresión, así como los espacios públicos han sido escenario de diversas manifestaciones artísticas y políticas planeadas y no; se ha demostrado que la intervención del espacio público promueve la colaboración y corresponsabilidad entre los gobiernos y la sociedad. Además genera nuevos mecanismos de gestión y planeación barrial, lo cual promueve el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos así como el derecho a la ciudad. Para consolidar el rol del espacio público, existen distintas tendencias como el urbanismo emergente, urbanismo táctico o acupuntura urbana (Lerner, 2003) que implican pequeñas intervenciones estratégicas para generar grandes cambios tendientes a mejorar las relaciones urbanas en lo cotidiano.

México Proyecta_ Arte x la Calle, es una iniciativa que busca empoderar a la población para realizar pequeñas pero significantes acciones de intervención y mejoramiento urbano y así generar interacción entre artistas locales, autoridades, empresarios y vecinos; se busca detonar una sinergia que motive futuras acciones tanto de organización comunitaria como de gestión social del hábitat.

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Durante el verano y otoño de 2015 se desarrollarán los talleres “Ocupación Urbana” en Puerto Vallarta, Jalisco, en instalaciones urbanas ubicadas en distintas zonas de la ciudad. Consistirán en pintas de murales, tejidos urbanos y otros flashmob ́s, performances y acciones colectivas.

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La participación ciudadana y la apropiación comunitaria es básica para el éxito de cualquier proyecto de incidencia urbana, lo sabemos y estamos atentos para incluir todas las ideas. Si vives en Puerto Vallarta o te gusta Puerto Vallarta y quieres participar con nuestro equipo o apoyar al proyecto, no dudes en comunicarte.

Contacto:

Ocupa Tu Ciudad

ocupatuciudad@gmail.com

Web: México Proyecta

FB: OCUPAtuCIUDAD

OSC nos pronunciamos por el derecho a la información de las audiencias

Queja entregada el 24 de junio de 2015 en las instituciones mencionadas.

Foto: Carlos Estada Casarín. Rueda de prensa de OSC para presentar este pronunciamiento. 25 de junio de 2015.


Guadalajara, Jalisco, México, 24 de junio de 2015

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

Dr. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lic. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco.

David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Edison Lanza, Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PRESENTES

 

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (Cepad), organizaciones de la sociedad civil interesadas en la vigencia de los derechos humanos en nuestra entidad, como son la libertad de expresión y el derecho a la información, hacemos del conocimiento de las autoridades competentes, la unilateral y arbitraria decisión del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), a través de su director general, de eliminar la información sobre el proceso electoral local ordinario 2014-2015 de sus noticieros a partir del 5 de abril y hasta el 8 de junio de 2015. Por lo anterior, exponemos lo siguiente:

El pasado 11 de marzo de 2015, el defensor de las audiencias interino del SJRTV, Julio César Hernández Gutiérrez, solicitó en su primera recomendación (Anexo 1) que todo el sistema de medios públicos de Jalisco suspendiera, del 5 de abril al 8 de junio del presente año, lo siguiente:

 • Toda información sobre el proceso electoral en sus noticieros.

• Temas electorales en sus programas de opinión.

Esta determinación fue aceptada ese mismo día y sin objeciones por el entonces director del SJRTV, Sergio Ramírez Robles (Anexo 2). En su carta de respuesta al defensor de las audiencias, Ramírez Robles notificó que sus peticiones serían aceptadas de “forma íntegra”. Tanto la recomendación del defensor de las audiencias como la respuesta de Ramírez Robles pueden consultarse en el portal de C7 (http://c7jalisco.com/defensor-de-audiencia). Cabe mencionar que dichas recomendaciones carecen de fundamentación y motivación.

Queremos señalar a ustedes que la decisión de eliminar de la programación la información derivada del proceso electoral violenta diversos derechos humanos consagrados en la Carta General de la República, en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en los instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos ratificados por el Estado mexicano, y que desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, forman parte del orden jurídico del país.

Entre las obligaciones que tienen las autoridades de nuestro país se encuentran las que menciona el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Recordando, según la sentencia del caso Velázquez Rodríguez (CIDH, 1988), el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

En el caso que nos ocupa, las autoridades del SJRTV decidieron no garantizar el derecho a la información, tal como se los obliga el numeral de referencia, así como el artículo 6, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Esto significa que bajo ninguna circunstancia puede negarse a la ciudadanía su derecho a estar informada.

En este sentido los comentarios generales 34 y 25 del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establecen también:

Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información.

En su Observación General número 25 sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, el Comité se refirió detalladamente a la importancia de la libertad de expresión para los asuntos públicos y el ejercicio efectivo del derecho de voto:

La libre comunicación de informaciones e ideas acerca de cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas, así como de informar a la opinión pública, sin censuras ni limitaciones.

Se señala a la atención de los Estados partes la orientación general que se imparte en la Observación general número 25 en lo que respecta a la promoción y protección de la libertad de expresión en este contexto [1].

Adicionalmente, la autoridad viola directamente la obligación de respetar, pues al ordenar que no se transmita la información del proceso electoral restringe el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Viola también la obligación de promover, porque al existir una restricción directa sobre el derecho a la información de los ciudadanos, estos no pueden gozar de forma continua de tal derecho. Más aún, la restricción que establece la veda electoral es sobre transmitir propaganda gubernamental; nada tiene que ver con transmitir información sobre partidos políticos ni sobre el proceso electoral en general.

La violación del derecho a la información por parte de los responsables de la censura previa se configura con el mandato que la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión refiere en su numeral 4º:

Artículo 4º. El Organismo tendrá como objeto:

[…] IV. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del Estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales;
V. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter político, económico, social, cultural y aquéllos que sean de interés de la población, en los ámbitos local, nacional e internacional;
[…]
VIII. Fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información pública; y
[…]

Queremos señalar que restringir el derecho a la información por parte de las autoridades de SJRTV viola el principio de legalidad, debido a la falta de motivación y fundamentación en los términos del artículo 16 constitucional. Lo anterior constituye un acto de autoridad arbitrario que debe ser investigado por las autoridades competentes.

Consideramos que la restricción al derecho de la ciudadanía a estar informada sobre el proceso electoral federal y local contradice seriamente el criterio reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto al ejercicio de la libertad de expresión para la participación política:

Se ha mencionado la relevancia que tiene la libertad de expresión para los fines del proyecto democrático. La información y la opinión contribuyen a nutrir el pensamiento y sustentar las decisiones de los ciudadanos, que se manifiestan tanto en los procesos electorales como en el desempeño político y administrativo ordinario. Conviene, pues, abrir los cauces de la expresión –sin perder de vista el marco que suministra la propia Convención– en el curso de las campañas electorales que preceden a la toma de decisiones populares a través de los comicios. En esta circunstancia se manifiestan, con especial relevancia, las dos dimensiones de la libertad de expresión a las que se hizo referencia supra [2].

La censura establecida por el director del SJRTV durante el proceso electoral no solamente viola el derecho a la información de la audiencia, sino que también limita el derecho a formar una opinión pública. Lo anterior ha sido establecido por la propia CoIDH:

En el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión [3].

Las instituciones que ustedes presiden juegan un papel imprescindible en la garantía de la libertad de expresión como medio para el ejercicio de los derechos políticos. Ambos derechos guardan una especial vinculación cuando se trata del debate democrático que precede a la realización de elecciones. Así lo ha señalado la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, en el cual ha indicado que:

…es indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado [… y que] el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información [4].

Solicitamos a esta instancia que analice este caso a la luz del Estudio Especial sobre el Derecho al Acceso a la Información realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial algunos párrafos de la presentación: [5]
El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El sistema Interamericano de Derechos Humanos ha cumplido en ello un rol fundamental. Hace menos de un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo.

Asimismo, esperamos que este estudio pueda ser utilizado por los Estados como una fuente a tomar en cuenta para adoptar o modificar sus legislaciones y prácticas sobre la materia, así como para crear programas de capacitación para funcionarias y funcionarios públicos y usuarios de las instituciones estatales.

Tal como se desprende del presente caso, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este documento vemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) han sido omisos en ejercer sus facultades de conformidad con lo estipulado en los incisos d) y g) del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que entre sus finalidades está la de asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales, promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 6º, 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”, y los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos estos instrumentos jurídicos que reconocen el derecho de toda persona a recibir información y ejercer la libertad de expresión, los cuales deben ser protegidos, respetados y garantizados, acudimos a exigir:


A todas las autoridades y organismos internacionales:

Primero.- Se investigue las posibles responsabilidades penales, administrativas y violaciones a los derechos humanos que pudieron suscitarse debido a la omisión de los deberes del SJRTV relativos a las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la información durante el proceso electoral 2014-2015 en Jalisco.


Al gobierno del Estado de Jalisco:

Primero.- Que el Gobierno del Estado de Jalisco adopte todas las medidas a su alcance para asegurar que el derecho de las audiencias del SJRTV sea respetado y, por tanto, que se realice a través de sus señales una cobertura amplia y equitativa de lo que ocurre acerca de y durante los procesos electorales.

Segundo.- Se sancione a los responsables de las omisiones y violaciones a los derechos humanos, en especial las violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión y las omisiones de las obligaciones orgánicas del SJRTV.

Tercero.- Se garantice la no repetición de las omisiones y violaciones a los derechos humanos, en especial al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Cuarto.- Se ofrezca disculpa pública por parte del Gobierno del Estado por haber omitido y violado los derechos de las audiencias, el derecho a la información y la libertad de expresión durante el proceso electoral 2015.

Quinto.- Se transmita en horario estelar una serie de programas y contenidos donde se resalte la importancia del derecho a la información y la libertad de expresión para cumplir con la obligación constitucional e internacional de promover los derechos humanos.


A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Primero.- Se investiguen las posibles violaciones a los derechos humanos de los jaliscienses que pudieron suscitarse debido a la omisión de los deberes del SJRTV relativos a las restricciones en la cobertura del proceso electoral 2014-2015 en Jalisco.

Segundo.- Se recomienden acciones y capacitaciones para los funcionarios públicos del SJRTV y del Gobierno del Estado para sensibilizarlos acerca de la importancia de los derechos humanos y en especial del derecho a la información y de la libertad de expresión y de esta manera fomentar el cumplimiento de la obligación constitucional e internacional de respetar los derechos humanos.
Tercero.- Se recomiende al Gobierno del Estado garantizar la no repetición de las omisiones y violaciones a los derechos humanos, en especial al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Cuarto.- Se recomiende al Gobierno del Estado ofrezca disculpa pública por parte tanto del Gobierno del Estado por haber omitido y violado los derechos de las audiencias, el derecho a la información y la libertad de expresión.

Quinto.- Se recomiende se transmita en horario estelar una serie de programas y contenidos donde se resalte la importancia del derecho a la información y la libertad de expresión para cumplir con la obligación constitucional e internacional de promover los derechos humanos.

Para recibir cualquier notificación o comunicación relacionada con este documento, señalamos el domicilio ubicado en la calle Madero, número 836 de la colonia Americana Oriente, en Guadalajara, Jalisco, y los correos electrónicos masini@iteso.mx y defensa@cepad.org.mx


Muy respetuosamente,
José Bernardo Masini Aguilera, presidente del Capítulo Jalisco de la Amedi, y Carlos A. Peralta Varela, presidente del Cepad.

 
Organizaciones adherentes:
Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo (Accede Desarrollo Local, A. C.).
Agenda Feminista de Jalisco (AFJ).

Arquitectura y Ciudad.

Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (AJAGI).

Centro Feminista de Defensa de los Derechos de las Mujeres “Leticia Galarza Campos” (Cefem, A.C.).
Círculo de Estudios Feminista “Las Irreverentes”.

Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), Capítulo Jalisco.

Colectivo “¡Queremos seguir vivas!”.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Congreso Ciudadano Jalisco, A. C.

Guadalajara 2020.

Guadalajara 2050.

Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, A. C. (Imdec).

Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF).

Ocupa tu Ciudad, A. C.

Pensar en México.

Red Jalisciense de Derechos Humanos, A. C.

Red ¡Tómala!

 

Notas

[1] Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 34. Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión.

[2] García Ramírez, Sergio. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. P. 47, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf

[3] Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 88.

[4] Ibídem, párr. 90.

[5] Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información, puede ser consultado en la siguiente página:http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf